Ya pasada la Segunda Marcha Federal Universitaria y aprobado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario; quienes tomaron la iniciativa política fueron los y las estudiantes. Surgieron en todo el país asambleas que, poco a poco, fueron haciéndose masivas; la mayoría de las cuales desembocaron en tomas de facultades, clases públicas y nuevas movilizaciones.
Así es que quisimos conocer cómo está viviéndose ese proceso desde dentro. Para ello consultamos a estudiantes de las universidades de Córdoba, Buenos Aires y Rosario.
Entre gallos y medianoches la cámara de diputados dio media sanción a la ley que declara a la educación como un servicio esencial, limitando el ejercicio de la huelga. La ley expresa dos cuestiones fundamentales, en primer lugar buscar quebrar la resistencia docente al ajuste gubernamental y al proyecto educativo que las clases dominantes buscar imponer y, al mismo tiempo, es un paso importante en legalizar un cambio de carácter de la educación que pasa a ser considerada una mercancía y no un derecho humano fundamental.
Si miramos la película completa lo que está sucediendo con la educación pública en la Argentina es parte de un camino de desidia del Estado nacional planificada desde la última dictadura militar instaurada a partir de marzo de 1976. El gobierno de Milei quiere llevar hasta el final el proyecto educativo de las clases dominantes que se expresan en algunos aspectos fundamentales: la fragmentación del sistema educativo, el desfinanciamiento, la vulnerabilidad de la niñez y la juventud de las clases populares, y la lógica mercantil.