Foto: Marcha Federal unitaria que movimientos sociales oficialistas y opositores realizaron el 1 de junio de 2018. ¿Se volverá a repetir la imagen en medio de la ofensiva judicial y política contra las organizaciones sociales?
Artículo publicado por AnRed
Dos semanas atrás la vicepresidenta Cristina Fernández habilitó la ofensiva judicial y política contra las organizaciones sociales y territoriales. El PRO y la oposición derechista dijeron presente y se sumaron a la arremetida. En paralelo, los movimientos sociales, que sufrieron más de 40 allanamientos en las últimas horas, resisten la embestida y avanzan en un posible escenario unitario que congregue tanto a oficialistas como opositores. Opina: Nicolás Salas, para ANRed.
Los movimientos sociales parecieran haber logrado lo que nadie en estas tierras: cerrar la «grieta» entre el frente «Todos» y «Juntos por el Cambio». La arremetida en curso contra las organizaciones sociales territoriales ha unificado y alineado tanto a sectores del kirchnerismo puro como de la oposición derechista.
Todo comenzó con la vicepresidenta Cristina Fernández dando «luz verde». Durante su participación, el 20 de junio, en el plenario de la CTA de los Trabajadores marcó los tiempos del semáforo que parece ordenar a propios y ajenos: «pero digo que el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas (…) El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja. No. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas».
Casi como obra de la «casualidad», tres días después desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación se anunciaba que producto de denuncias por irregularidades y otras yerbas, se trasladarían unos 180 mil planes sociales a la órbita de intendentes y gobernadores oficialistas, quienes de un zarpazo lograban hacerse con el 15% de la caja concerniente a los programas de empleo. De esta manera, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que realizaban tareas en barrios y cooperativas pasarán a ser mano de obra barata y precarizada del aparato justicialista a través de las comunas y los punteros barriales.
Como ha sucedido a lo largo de la historia del movimiento piquetero, la pata judicial suele acoplarse a los distintos intentos de desarticulación de las organizaciones. El mismo día que se conocía el traspaso de los planes a intendentes y gobernadores también, por «casualidad», se conocía la denuncia del fiscal Marijuan contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, por los presuntos delitos de amenaza y extorsión, fundamentados en los aportes voluntarios que los integrantes de la organización social realizan para mantener los alquileres de los comedores comunitarios, la compra de verduras y carnes para las ollas, fletes, entre otros gastos organizativos.
La oposición también supo interpretar, a su forma, la señal de largada emitida por quien fuera jefa de estado en dos oportunidades. El 28 de junio diputados del PRO presentaron en el Congreso un proyecto por el cual se buscaba «traer un poco de luz al recinto acerca de cómo se distribuyen los planes sociales en la Argentina en función de la apertura de investigaciones judiciales sobre el otorgamiento de los mismos y ante la necesidad de la concreción de políticas de generación de empleo genuino».
En ese mismo sentido, el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy se acopló a la sinfonía kirchnerista y aprovechó la situación para profundizar la persecución que desde 2015 viene llevando a cabo en la provincia norteña. El 6 de julio la justicia adicta al mandatario provincial allanó de oficio (sin denuncia mediante) los locales del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, del Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), entre otras organizaciones.
Morales pareciera no hacer caso omiso al pedido de intervención federal sobre la justicia de su provincia. Tiene varios motivos para desestimar los ataques discursivos y gozar de plena impunidad. En principio, porque es uno de los aliados principales de la vereda de enfrente que tiene el presidente Alberto Fernández para mantener el acuerdo con el FMI y la gobernabilidad [1] y, por otro, porque en definitiva no está haciendo otra cosa que seguir las directrices planteadas por Cristina semana atrás.
Casi en paralelo a lo sucedido en las tierras norteñas, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) denunció el allanamiento de las casas de referentes de la organización, así como de un comedor popular ubicado en el barrio porteño de Saavedra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El máximo referente de la CCC y diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, pareciera confirmar la tesis de esta nota en un mensaje posteado en sus redes sociales: «algunos jueces, aprovechando el momento político, reactivaron estas causas. Están avanzando contra las organizaciones. Vamos a analizar cómo respondemos a esto que es una provocación enorme”. La denuncia contra la CCC fue realizada durante el macrismo y reactivada en la actualidad, en un momento político – como afirma Alderete – propicio para el ataque. ¿Nueva «casualidad»?.
En total, se estima que en estos últimos días existieron al menos 40 allanamientos a comedores, casas de referentes sociales y locales en Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Chubut y Santa Fe, entre otros.
Esta apuesta casi sincronizada del ataque tiene distintas motivaciones que se entrelazan y tienen al kirchnerismo como punta de lanza. Si pensamos hacia dentro de la coalición gobernante, dicha orientación le sirvió a Cristina Fernández para aglutinar detrás suyo la territorialidad de intendentes y gobernadores de cara a las elecciones del próximo año. Tal vez «casuales», tal vez reales, trascendidos periodísticos de los últimos días, a partir de declaraciones de funcionarios del círculo presidencial, afirmaban que, tras la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán, la vicepresidenta redobló la apuesta contra las organizaciones sociales y habría exigido echar a los «movimientos sociales del gobierno». Más allá de lo complicado de aseverar información no oficial, la versión no sorprendió a nadie y mucho menos al calor de los últimos acontecimientos.
Hacia afuera del gobierno, y en clara alusión a la Unidad Piquetera (UP), las motivaciones son claras y apuntan a que el peronismo no pierda el control de la calle. En palabras del periodista Diego Genoud: «de fondo, la porfía de una historia se impone como constante: a 20 años exactos del doble crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía bonaerense y del principio del fin para Eduardo Duhalde, los pobres organizados vuelven a ocupar las calles con el peronismo en el gobierno, la inflación fuera de control y la plata que no alcanza«.
¿El inicio de una resistencia amplia?
En las organizaciones sociales oficialistas las fichas parecen empezar a moverse, no sin varias contradicciones. Algunos, como Juan Grabois (MTE), intentan correr del foco de conflicto a Cristina aunque se resisten a asumir que su militancia territorial es una «tercerización» estatal, como se asevera desde La Cámpora y compañía. Otros, como Emilio Pérsico y Fernando «Chino» Navarro asumen que los ataques apuntan a su organización y no vacilan en criticar expresamente a la vicepresidenta, de la que dicen que «hace tiempo que no va a un barrio pobre».
Del lado opositor, las cartas de la Unidad Piquetera están sobre la mesa. No dudaron desde hace meses en denunciar la avanzada oficialista contra las organizaciones y prometen dar resistencia en la calle. Así es que este jueves 7 de julio se movilizaron y realizaron asambleas frente a los principales municipios y gobernaciones del país bajo la consigna «Por trabajo y por salario. Contra el hambre y la pobreza. Los punteros en los barrios ‘Nunca Más’ «.
Pese a las diferencias estratégicas y coyunturales, no está coartada la posibilidad de una unidad de acción ante la arremetida estatal. El ataque a referentes oficialistas y opositores está logrando lo que rara vez ocurrió en la historia de las organizaciones sociales: unir al llamado sector «combativo» con el ahora «institucionalista».
Desde la diferencia entre «duros» y «blandos» demarcada durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde, las organizaciones piqueteras se han mostrado divididas en dos veredas o polos opuestos. Detrás de esta división no solo se encontraba la forma de negociación con los ejecutivos nacionales o diferencias tácticas, sino que primaba un debate estratégico que hace al tipo de vinculación que los movimientos deben tener con el Estado y la perspectiva que deba trazarse para el sector.
En la actualidad, parte de esas diferencias se ven reflejadas en aquellos reagrupamientos como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que acompañan, de una u otra forma, al gobierno, y las que, como la Unidad Piquetera, se mantienen en la calle movilizándose de manera constante. Esta diferencia que ha generado varios cruces o entredichos entre los distintos espacios parecieran solaparse detrás de la disputa central inaugurada por Cristina Fernández. El diálogo y las llamadas telefónicas parecieran reactivarse entre referentes de distintos espacios en post de una coordinación que permita hacer frente a la avanzada de intendentes y gobernadores.
La conferencia de prensa llevada a cabo este jueves 7 de julio tras los allanamientos es muestra del nuevo clima que atraviesan las organizaciones sociales y que incluso podría decantar en una movilización unitaria para la próxima semana. Empiezan a construirse, al menos potencialmente, las condiciones de una «unidad de acción» entre los movimientos sociales oficialistas y opositores.
El acercamiento no es menor: desde la época de Eduardo Duhalde el Estado no montaba una ofensiva de tal magnitud contra las organizaciones. Más allá del alcance de la unidad que se construya, una parte importante del conflicto dependerá de hasta dónde quieran avanzar Cristina, los gobernadores y el PRO para saber el carácter que asumirá un conflicto que se cierne sobre una situación extremadamente delicada, donde la mitad de la población es pobre y los salarios son pulverizados mes a mes por la inflación.
[1] En momentos en que Patricia Bullrich y los “halcones” de “Juntos por el Cambio” buscaban desestimar en el Congreso el acuerdo con el FMI (si La Cámpora no lo votaba también), Morales fue uno de los gobernadores que salió en la cruzada contra la línea dura del PRO apoyando a Fernández y garantizando los votos para que el proyecto de ley y la gobernabilidad se mantuvieran de pie.
