Hace unos días, un informe del Instituto de Desarrollo Social de Argentina (IDESA), advirtió que entre enero y marzo de este año, el Estado gastó más en los intereses de Leliqs que la ANSES en pagar jubilaciones. La cifra es de $700.000 millones contra $600.000 millones por mes. Estas cifras vienen a comprobar lo que ya sabíamos: que entre los jubilados y los bancos, el gobierno nacional eligió a banqueros y especuladores.
Como si esto no fuera suficiente, mientras los haberes de la mayoría de los jubilados no llegan al 25% de la canasta familiar, el gobierno del Frente de Todos sigue en el tren de saquear nuevamente a este sector en función de un plan económico al servicio del FMI. Después de la aprobación de la tan anunciada moratoria (ahora sujeta a revisión por orden del FMI), el ministro Massa dictó una resolución por la que exige a los organismo del estado poseedores en dólares, que los vendan a una fracción de su valor, para ser cambiados por bonos en pesos. El principal organismo poseedor de bonos en dólares es, ni más ni menos, que el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Esto no solo licua la única garantía que podrían tener las jubilaciones frente a la inflación (aunque en la actualidad no se esté usando) sino que plantea la pregunta de con qué fondos se pagarán los nuevos haberes.
Para entender un poco más qué significa esto que venimos diciendo, hablamos con Eugenio Semino, Defensor del Pueblo para la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Entrevista: Luis Cuello
Borrador Definitivo – El gobierno obliga a ANSES a pesificar sus fondos. Pero antes de entrar en eso, contanos cuál es la situación actual de las y los jubilados.
Eugenio Semino – Así es, ahora llegamos a la pesificación y le cuento un poco el contexto: el gobierno nacional viene haciendo el ahorro (así le llaman ellos) o el ajuste de la economía a través de los sectores más frágiles de la sociedad como son adultos mayores y personas con discapacidad. Ocho millones son los adultos mayores, un millón las pensiones no contributivas de personas con discapacidad, que tienen atada su pensión al haber mínimo jubilatorio, es decir cobran el 70% de ese haber que hoy es de $58.000, por lo cual las personas con discapacidad están cobrando cuarenta y poco mil pesos
BD- Como para que se puedan ir tranquilamente de vacaciones…
ES- Exactamente. Es un despropósito. Nosotros veníamos reclamando hace tiempo al ministro Massa, al viceministro Rubinstein y al Secretario de Comercio, que se aplicara el producido del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para cubrir el desfasaje que están teniendo los ingresos con la inflación. Recordemos que ese fondo fue creado en el 2007 como fondo anticíclico con lo que eran los resabios del fondo de las AFJP; en ese momento 100 mil millones de dólares. Aclaremos además que la ley que lo reglamenta establece que ese fondo solamente puede ser utilizado para cubrir precisamente la perdida del poder adquisitivo de los beneficios. Del 2007 hasta ahora, que pasaron varias administraciones, nunca se utilizo a tal efecto, salvo en un periodo pequeño en 2016 donde se usó una pequeña parte para la reparación histórica, que era el remanente de los que habían sido atrapados por el caso Badaro.
Ahora bien, desde el 1/01/2022 al 28/02/2023, el total de reajuste para jubilaciones, pensiones y pensiones para personas con discapacidad fue del 72.5% sobre una inflación en el mismo periodo que supera el 102%. Frente a esto es que insistíamos con el reclamo. Porque por otra parte el actual ministro Massa ya en su campaña electoral presidencial en el año 2015 refería que iba a utilizar el fondo para pagar el 82% móvil. Luego en la campaña del 2019 menguó su generosidad y dijo que el fondo iba a ser utilizado para aumentar todas las jubilaciones y pensiones. Frente a esto era el reclamo, que obviamente no fue atendido.
En la primera de las presentaciones se dijo que estaba en estudio, y luego no hubo mayores respuestas hasta lo que conocimos en los últimos días, que es la pesificación de ese fondo. A los argentinos nos suena lo que implica convertir dólares a pesos. Ese fondo se calcula -y digo se calcula porque si bien nos debieran informar periódicamente, cada tres o seis meses, el estado del fondo, hace dos años que no recibimos ningún informe, ni nosotros ni el Congreso de la Nación- hoy tiene 35 mil millones de dólares, en papeles fundamentalmente. Ese fondo que era liquido en 2007, los gobiernos que fueron sucediéndose lo utilizaron para financiar distintas cuentas del Estado que nada tienen que ver con los jubilados.
BD- ¿A este fondo, que debiera usarse para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones?
ES- Asi es, lo usaron para otras necesidades que tuviera el gobierno de turno y que no tiene que ver con lo que dice la ley reglamentaria que crea el fondo y que específicamente establece que es para cubrir la perdida adquisitiva de los beneficios. Llegada esta instancia, lo que se hace -seguramente por los problemas serios y graves que tiene la macroeconomía- es que se le pega un manotazo al fondo. Porque se habla de “todos los organismos del Estado”. Pero quien tiene recursos es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Y qué se hace? Para que nos entiendan en un idioma llano: ese fondo que tiene bonos dolarizados, a cada plancheta de bonos de cien dólares lo van a comprar por el precio de mercado, que es un 25%, o sea que lo van a comprar en 25 dólares. ¿Quiénes lo compran?: los miembros del club de financistas amigos del ministro con quienes se reunió el día antes de sacar el decreto. Pero además, esos 25 dólares que van a pagar por cada 100, los van a pagar en pesos. Es decir en el ANSES, en lugar de los bonos dolarizados, quedará el equivalente en pesos. Y los argentinos sabemos lo que significa tener pesos en el cajón de la cómoda, ¿no?
BD- Lo sabemos por nuestro salario, que se devalúa día a día.
ES- Efectivamente. Con lo cual es una ratificación que el ajuste va sobre ese sector. Lo dijo el viceministro Rubinstein en uno de sus múltiples viajes a Washington hace unas semanas, reconoció que el “ahorro” se hacía sobre el sector de la seguridad social. Y hay otro número ejemplificador de esto que estoy comentando: en el 2020 el peso de la seguridad social, lo que los políticos llaman “gasto social” y que debiera llamarse “inversión social”, era de 9 puntos del PBI; y hoy es de 7,5. Ese ahorro son sufrimientos, vidas. Hoy el adulto mayor está sufriendo una crisis humanitaria en la Argentina. $58.500 es el haber que cobran 6.100.000 jubilados y pensionados, a los que se les da un bono consuelo de $15.000, esto es $500 por día; con lo cual tienen que llegar al próximo reajuste que es en junio, con una inflación del 6-7% mensual.
Quienes hacemos atención directa con los jubilados tenemos cierta parcialidad, porque vemos el drama en carne y hueso. Para nosotros no es un expediente, no es una ley ni una resolución. Son decenas y decenas que llegan todos los días a la Defensoría, que se quedan sin casa, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar las expensas si son propietarios, no pueden comprar los medicamentos, la comida que necesitan; gente de clase media que tuvo una vida laboral activa, que pudo armar un patrimonio que se lo come, y que luego queda en una situación de total indefensión. Es a lo que estamos asistiendo, con una sociedad que ha naturalizado esto. Una sociedad llamada gerascofóbica. Este espejo que estoy describiendo, que es el adulto mayor (yo lo soy), es el espejo que adelanta para los jóvenes; por lo cual si yo le estoy contando todo esto, es para decir que van a tener estas penurias, que van a cobrar esta insignificancia, que van a tener que estar buscando subsidios, quien los ayude, dependiendo de algún hijo. ¿Quien va a querer llegar a ese destino? Por todo esto se impone la gerascofobia, que es el miedo al envejecimiento. Acá nadie reclama por el adulto mayor, ni el propio sistema político que hoy está en la “peluquería” viendo quiénes son los candidatos para las próximas elecciones.
BD- Cuando Ud. hace este relato, no puedo dejar de pensar que todos tenemos familiares que o conocidos que viven este calvario.
BD- Mire, yo acompaño desde hace casi 30 años la marcha de los jubilados a Congreso. Antes de ser Defensor estuve muchos años como Director General de Discapacidad y Tercera Edad, por lo cual estuve ligado al tema. Soy gerontólogo hace casi 40 años. En esa marcha, los miércoles nos encontramos 15-20 personas. Todas las semanas hay uno menos. Esa gerascofobia, ese miedo a envejecer, inclusive hace que en un país donde hay casi 50% de trabajo no registrado que aporta cero al sistema, los jóvenes tampoco quieren trabajar en forma registrada porque están viendo el destino que les espera. Es decir, ya se creó un problema cultural.
En el 2005 se sanciona la primera moratoria con carácter de excepcionalísima por única vez, en razón de la crisis del 2001. Ahí ingresan 2.500.000 argentinos que no tenían la cantidad de aportes necesarios para jubilarse. De ahí para acá se fue prorrogando esa moratoria, se dictó una nueva en 2014, se acaba de dictar una nueva en 2022 donde se dice que ingresarán unas 800.000 personas más. ¿Qué está pasando con esto? Nunca se ha debatido el financiamiento del sistema, donde la mitad aporta cero porque es no registrado. Y esto cada gobierno que viene lo describe y se asombra si baja o sube un 0.1% la desocupación. Este problema no lo aborda nadie y es insoportable con una economía la mitad en negro. Por otra parte, la otra parte de lo que debiera ingresar al sistema, es el aporte fiscal: el único impuesto que esta poniendo hoy plata para el sistema, con el 11% mensual, es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres.
Me tocó participar en varios países por una cuestión académica. El debate en el mundo, ya a fines de los ´80, cuando las pirámides empezaron a envejecer, era precisamente cómo financiarla. Los nórdicos, por ejemplo, (Noruega y Finlandia que no tenían sistema de seguridad social) comenzaron acumulando renta petrolera para la seguridad social, hoy son los dos países que encabezan el índice Melbourne (Mercer) de sustentabilidad actual y de futuro en la Seguridad social. Luego esto ocurrió en Europa con la renta financiera, la minera… Aquí es el IVA el que financia. Ahora yo supongo, no sé mucho de política, pero el sistema político de esto no habla porque se queda sin financiamiento para sus campañas electorales.
BD- Cuando Ud. decía eso, se me ocurrió pensar que hoy, ninguna de las fabulosas ganancias que prometen las políticas extractivistas va a aportar al fondo de sustentabilidad, ni a jubilados, ni a los trabajadores…
ES- Efectivamente. Ni los grandes negocios financieros que se hacen. Mientras nos va muy mal a los argentinos, le va muy bien al sistema financiero.
BD- Por lo que Ud. ha venido desarrollando, justamente todo esto le vino muy bien al sistema financiero.
ES- Sin duda. Yo nací a mediados del siglo pasado. En esa época había un dicho que fue reconvertido en el siglo XXI y es que “donde hay una necesidad, hay un derecho”. Hoy “donde hay una necesidad, hay un negocio” y esto lo estamos verificando todos los días porque en las peores condiciones, se siguen haciendo negocios. La industria del medicamentos, que financia campañas electorales de toda la vida en Argentina, se ha beneficiado y lo hace a través del contrato de PAMI, que es el que marca los precios de mercado a partir de haberse cartelizado la actividad de la venta de medicamentos en el año 1997 con Víctor Alderete, cierra sus contratos y nadie se queja. El PAMI compra a los mismos precios que Ud. y yo un blíster de cualquier medicamento en la farmacia. Por ejemplo el Losertan uno lo paga particularmente igual que PAMI que compra diariamente por millones.
BD- Para ser concretos, ¿cuál va a ser la consecuencia inmediata de la pesificación de los bonos?
ES- Estamos en una situación compleja y estamos tratando de visibilizar cuál va a ser el efecto al día de hoy de la venta de esos bonos. En realidad, no lo van a notar los jubilados porque esos bonos tampoco pusieron plata antes de este evento para las jubilaciones. Lo que sí estamos viendo es que hay una torta cada vez más chica en recaudación y se sientan más comensales a la misma mesa. Es decir, va a haber 800.000 comensales nuevos este año. Se va extendiendo… hoy tenemos en la mínima al 86% de jubilados y los que ingresan, van a esa mínima en general. Vamos a tener un 90% de jubilados cobrando la mínima.
Lo que ha pasado en Argentina, es que han convertido un sistema de previsión social en un gran programa de subsidios por edad. Porque el jubilado de los $58.500 no cubre el 25% de su canasta de necesidades básicas, no tiene nada que ver lo que cobra con su historia laboral, y a su vez no tiene posibilidad de hacer valer su derecho como trabajador en los años anteriores. Estamos muy complicados, hay muchos que hacen juicios. En este momento hay 80.000 sentencias firmes que después de haber pasado años, ANSES tampoco las paga.
BD- Parece que en esto no hay grieta, porque Ud. habla que desde el 2007 todos los gobiernos han actuado de la misma manera: han metido la mano en la caja de jubilados, han bajado las jubilaciones, han achicado el gasto social, eso ha sido una constante.
ES- Efectivamente. Parece una paradoja pero pareciera ser que es la única política de Estado que ha permanecido en el tiempo, más allá de quien gobierne
BD- Y hoy este ajuste tiene un componente muy fuerte en el acuerdo de pago de deuda ilegitima al FMI.
ES- Sí. Están cumpliendo al 1000% lo que establece la página 13 del acuerdo con el FMI, que habla concretamente de licuar los fondos de pensión, que es lo que están haciendo. Están licuando los fondos y están licuando la vida de los jubilados. Muchos se asombran, pero los papers del Fondo son los mismos de 1993 cuando se hizo la privatización. El usurero siempre pone las mismas condiciones. El problema es quién va a buscar al usurero.