Los acuerdos de varias provincias argentinas con la empresa estatal israelí de agua Mekorot, es el punto donde las reivindicaciones internacionalistas de solidaridad con el pueblo palestino, se mezclan con la lucha contra el extractivismo dentro del territorio nacional. Mekorot, empresa de un estado militar, lleva adelante el saqueo del agua de los territorios palestinos ocupados; y pretende -junto con sus cómplices locales- aplicar el mismo saqueo en varias regiones argentinas. Compartimos, sobre el tema, el presente artículo, publicado en Contrahegemonía Web.
Por Paula Galizia Alfano y Silvia Ferreyra
El genocidio sistemático del sionismo hacia el pueblo palestino está siendo televisado y replicado en redes sociales frente a los ojos del mundo entero. La destrucción, la muerte, el saqueo y la violencia están todas juntas, diseminadas en un pequeño territorio frente a las costas del Mar Mediterráneo. El pueblo palestino, particularmente en Gaza, está sufriendo una segunda Nakba más cruel y más profunda que la primera.
Más de 35.000 asesinades, la mayoría mujeres e infancias, miles de casas destrozadas, casi ningún hospital en pie, el acceso al agua y el servicio eléctrico fueron diezmados y más de un millón de personas se convirtieron en refugiadas. Estas son algunas de las brutales consecuencias provocadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, a 7 meses de la contraofensiva israelí, luego de los ataques de Hamas el pasado octubre.
A pesar de las exigencias de los pueblos del mundo para que se detenga la violencia, e incluso con una resolución de la ONU en la que se exigió un cese al fuego, el asedio no se detiene y goza de una magnánima impunidad frente a todas las violaciones de derechos humanos que comete. Pero para comprender los hechos cabe reforzar algo muy importante: la ocupación no comenzó el 8 de octubre, son 76 años de colonialismo, saqueo y destrucción de los cuerpos y territorios del pueblo palestino.
Si bien mucho se dice y analiza sobre este mal llamada guerra —porque no es otra cosa que un genocidio—, y existen serios y profundos análisis del caso, poco se menciona del carácter profundamente extractivista que tiene esta ocupación. Es en esta perspectiva que pone el foco en los territorios, los bienes comunes y su despojo, que este artículo pretende analizar la ocupación israelí. Para ello daremos a conocer a un actor que opera tras bambalinas y del que poco se sabe aunque sea uno de los pilares centrales para la realización, profundización y viabilidad del apartheid: la empresa estatal de agua israelí, Mekorot.
Colonialismo de colonos
Desde el comienzo de la ocupación en 1948, más del 80% del territorio de la Palestina Histórica fue anexado por el Estado israelí violando así el Plan de Partición (1947,ONU) en el que se preveía sólo un 40 % de las tierras para la constitución del mismo. Ahora bien, hablar de anexión de un territorio no se circunscribe estrictamente a la pérdida de tierra disponible para una población, sino también a la capacidad de reproducir la vida, a la libre circulación y a la posibilidad de sostener prácticas culturales, religiosas o económicas.
A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos israelíes implementaron un plan sistemático de limpieza étnica hacia el pueblo palestino mediante métodos opresivos basados en la expoliación de los bienes comunes y de los territorios. Además de incontables violaciones a los derechos humanos, como la construcción de muros, la criminalización, la persecución y el asesinato, el sionismo centró parte de su estrategia colonialista en la destrucción o monopolización de los bienes comunes del pueblo palestino.
Mediante el avance violento de asentamientos ilegales, aplicando desalojos forzosos a las familias palestinas e instalando allí a colonos israelíes, destruyendo casas, poblados y campos agrícolas, principalmente de olivos —práctica milenaria del pueblo palestino—, privatizando los servicios públicos, prohibiendo la libre circulación, generando desempleo y pobreza, es que profundizan el apartheid y el asedio. Pero hay un elemento clave para la concreción material de estos asentamientos que es vital para el expansionismo sionista: el agua.
El agua es un componente esencial para el desarrollo de la vida y es un derecho humano que el Estado sionista cercena sistemáticamente al pueblo palestino. En el Territorio Palestino Ocupado (TPO) existen tres fuentes principales de agua dulce natural: el río Jordán, el acuífero costero y el acuífero montañoso. Tras la victoria israelí de la Guerra de los 6 días (1967), el Estado sionista pasó a ocupar la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y la mayor parte de los Altos del Golán sirios, triplicando el tamaño del territorio bajo su control. A su vez, asumió el control militar de todos los recursos hídricos del TPO. Un actor fundamental para ejecutar el control del agua es la empresa estatal, Mekorot.
Fundada en 1938, prácticamente 10 años antes de la creación del Estado sionista, Mekorot es una empresa gubernamental adscrita al Ministerio de Energía y la Dirección de Aguas de Israel. Es la pieza clave y central para efectivizar la desposesión arraigada del acceso al agua, lo que lleva a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino, que trabaja en connivencia estrecha con el ejército israelí.
A su vez, Mekorot desempeña un papel integral en la economía de la ocupación israelí al posicionar a Israel como líder global en el desarrollo de soluciones tecnológicas —exporta $2 mil millones de dólares al año en esta materia— para resolver problemas relacionados con la escasez de agua. Mientras que esa es la fachada que le vende al mundo, obviando la opresión y el robo de las cuencas hídricas del TPO, Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos denunciaron a la empresa por fuertes violaciones a los derechos humanos.
Desde que asumió el control del agua, Mekorot monopoliza el acceso, la distribución y la comercialización del agua. Deliberadamente favorece el desarrollo de los asentamientos ilegales y su crecimiento, garantiza el suministro permanente del agua y crea infraestructura para ello. Al pueblo palestino le prohíbe construir nuevas instalaciones hídricas o mantener las existentes, profundizar los pozos o construir cisternas para acopio de agua de lluvia, sin obtener antes la autorización del ejército israelí. No sorprende que esas autorizaciones casi nunca sean otorgadas. De manera intencional, el acceso al agua es injustamente desigual y se utiliza para el fomento y desarrollo de producciones agrícolas israelíes, para su uso cotidiano y hasta incluso para sus grandes piscinas y jardines, degradando la vida de cientos de miles de palestines.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo diario de agua per cápita debería rondar los 100 litros. El consumo palestino de agua se estima en 70 litros diarios por persona en Cisjordania y en 20 litros en Gaza, en contraste con el consumo diario per cápita israelí que es cuatro veces superior, alcanzando los 300 litros diarios. De conformidad con el artículo 40 de las disposiciones en materia de medio ambiente de los Acuerdos de Oslo II (1995), titulado “Abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales”, aproximadamente el 80 % de las aguas extraídas de los acuíferos se asignaron para uso israelí y el 20 % restante para uso palestino.
El apartheid del agua
Luego de los fallidos Acuerdos de Oslo I (1994), Cisjordania fue dividida en 3 zonas: A, B y C. En las zonas A y B, la Autoridad Palestina es quien gobierna y gestiona los bienes comunes. La zona C, que equivale al 60 % del territorio, se encuentra bajo el control total de Israel. Allí es donde se encuentra la mayor parte de las tierras agrícolas, las fuentes de agua y los depósitos subterráneos del TPO. En la zona C, el costo del agua comprada en la red puede ser seis veces superior al precio de los asentamientos, llegando a pagar $1,50 dólares por metro cúbico. En algunas comunidades palestinas de dicha zona, el agua representa el 15 % del gasto de los hogares. Para las comunidades de pastores, como el pueblo beduino, el elevado precio del agua disminuye severamente su capacidad de mantener sus medios de vida.
En la Franja de Gaza la situación es tremendamente peor. El agua disponible no satisface las necesidades básicas de la población. Según el Banco Mundial, el suministro de agua en Gaza se encuentra en niveles de crisis desde 2005. En 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que solo el 10 % de la población de Gaza tenía acceso directo a agua potable limpia y salubre. En total, se calcula que alrededor de un millón de personas —la mitad de la población— necesitan intervenciones en materia de agua y saneamiento.
Otro factor que imposibilita un acceso adecuado al agua está relacionado con la falta de un suministro eléctrico constante. Gaza sufre un déficit crónico de electricidad, lo que repercute gravemente en la disponibilidad de servicios esenciales, en particular de salud, agua y saneamiento, y afecta a los sectores agrícola e industrial. La escasez de electricidad influye en el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua locales, así como en el saneamiento de las mismas, lo que provoca la contaminación continua del acuífero costero y del entorno en general. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) el 97% del agua en Gaza no es apta para consumo humano.
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Si bien hay tres plantas desalinizadoras que funcionan con el apoyo de la comunidad internacional y producen unos 13 millones de metros cúbicos de agua al año, la desalinización requiere una cantidad importante de electricidad y combustible. Por ello, la grave escasez de energía y las restricciones que impone Israel a la importación de materiales metalúrgicos —ya que considera que serán utilizados por la resistencia palestina— para el arreglo o reconstrucción de los sistemas, limitan la capacidad de esas plantas para funcionar a pleno rendimiento o para proporcionar un acceso suficiente y continuo al agua.
Estos factores parecen menores frente a lo que atraviesa Gaza estos días. La contraofensiva israelí es absolutamente monstruosa. Prácticamente está aniquilando a la población gazatí. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) el suministro de agua está al 7% de los niveles anteriores a octubre lo que redujo el consumo medio a un 92%.
Asimismo, se registraron hasta la fecha 58 ataques por parte de las fuerzas israelíes a las fuentes hídricas, 7 en Gaza, entre ellos el bombardeo de una planta desalinizadora. El sistema de aguas residuales dejó de funcionar, el 83% de los pozos de agua subterránea no están operativos, dos de las tres plantas desalinizadoras trabajan parcialmente y solo uno de los tres acueductos de Mekorot transporta agua pero lo hace al 42% de su capacidad. En Cisjordania se llevaron a cabo el 88% de los ataques a reservas hídricas, y el 62% fueron cometidos por colonos que intensificaron la violencia. Estos ataques, con la intención de perjudicar a la población, son considerados crímenes de guerra.
Mekorot en Abya Yala
Desde el siglo pasado, la lucha y resistencia del pueblo palestino ha sido referencia para muchos movimientos y organizaciones políticas y sociales del Abya Yala. Existen además cantidad de asociaciones y entidades de la diáspora Palestina que con mayor o menor extensión y articulación en los distintos territorios mantienen viva la causa, destacándose la tarea del Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción (BDS).
Por otro lado, las luchas por el agua en la región han motorizado importantes procesos de organización y articulación, entre los más diversos sectores y saberes, logrando importantes conquistas, a nivel reivindicativo e institucional. La Guerra del Agua en Bolivia (2000), sembrando el camino para la llegada de Evo Morales al gobierno; el plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, para la reforma constitucional (2004), que puso en manos del Estado en forma exclusiva la gestión del agua potable y saneamiento en Uruguay, declarando su acceso como derecho humano fundamental, mucho antes que las Naciones Unidas. El movimiento antirrepresas en Centroamérica y el ejemplo de Berta Cáceres; en Argentina el No a La Mina en Esquel (2003), y las puebladas contra las megamineras en La Rioja, Mendoza y Catamarca, por mencionar sólo algunos hitos.
Como hemos señalado, Israel opera desde sus inicios como un régimen colonial. Busca profundizar su hegemonía económica y política apostando a un fuerte desarrollo militar y de seguridad, controlando los principales bienes naturales del territorio ocupado. Lo hace además, ejerciendo el apartheid como mecanismo institucional de limpieza étnica hacia la población originaria de ese territorio. Desde esa convicción analizamos la expansión de Mekorot en nuestra región, en el marco del conjunto de intereses que históricamente tiene el sionismo en nuestros países. Vale la aclaración, puesto que en nuestros territorios, algunos sectores, incluso desde un pensamiento progresista, destacan el modelo de gestión de la empresa, su desarrollo tecnológico, sus logros, etc. divorciando estos aspectos del principal rol que ha cumplido toda la vida: gestionar el agua desde una relación de dominación de un pueblo sobre otro.
Mekorot se posiciona internacionalmente como ‘líder en la gestión de recursos hídricos’, por su desarrollo en tecnología, sus enormes plantas de desalinización y el reciclado de efluentes. A su vez, alimenta el mito del ‘milagro israelí’, por haber ‘transformado un desierto en un oasis’, omitiendo por supuesto, el despojo del territorio palestino y el robo de sus principales fuentes de agua. En Latinoamérica, Mekorot ofrece principalmente servicios de consultoría: asesoramiento en la gestión hídrica, monitoreo, planificación de políticas, diseño de proyectos y capacitación, entre otros. En general, estos servicios se ofrecen a gobiernos, empresas u organismos que requieren mantener, expandir o profundizar proyectos extractivistas que demandan un uso intensivo del agua. Frecuentemente, entidades del lobby sionista de los distintos países invitan a comitivas gubernamentales a recorrer las instalaciones de la empresa en Israel o a participar en los seminarios y eventos que organiza sobre el agua.
La presencia de Mekorot en la región adopta características particulares. Si bien se trata de una empresa estatal, su accionar se equipara a cualquier otra empresa privada. Al menos hasta ahora actúa con perfil bajo —resulta difícil seguirle el rastro—, a diferencia de otras trasnacionales con fuerte presencia mediática y en diferentes estamentos de la vida cotidiana. En general elige interlocutores poco conocidos para sus vínculos con los distintos niveles de gobierno, opta por intermediarios que le permiten eludir la normativa que rige para la contratación pública, las posibilidades de control y cualquier demanda por falta de transparencia. En los pocos convenios que han trascendido no fija domicilio en el país firmante, ni reconoce oficinas propias o filiales en la región.
Mekorot ha participado en Belo Horizonte y otras regiones de Brasil. En Colombia brindó servicios de consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales —entes ambientales del gobierno— de Cundinamarca o en La Guajira, por mencionar sólo algunas. En República Dominicana el gobierno nacional la contrató para el diseño del Plan Hídrico nacional (2023), la Red Socioambiental impugnó el acuerdo ante el organismo de control de contrataciones públicas, por las irregularidades y las excesivas cláusulas de confidencialidad que incluía, logrando su suspensión. En México firmó un acuerdo con el área de ambiente, a través de la Comisión Nacional del Agua (2013), para asesorar sobre calidad de agua y remediación de acuíferos. Por una cuestión de espacio, desarrollaremos sólo dos ejemplos de su incursión: en Chile y Uruguay.
En Chile, años atrás la empresa intentó establecer vínculos en Valparaíso, pero organizaciones que impulsaron el boicot lograron frenar su avance. Más recientemente, tras una intensa acción de la Agencia de Cooperación Israelí, el Gobierno Regional del Biobío anunció en mayo del 2023 la firma de un convenio con Mekorot para realizar el “Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos” de la región. La operación alertó a la comunidad palestina en Chile, la organización Abogados por Palestina investigó el caso, constatando que la firma del contrato no había sido directa por parte del gobierno, sino a través de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, llamada “Desarrolla Biobío”, por lo cual no rige la Ley de Compras Públicas.
El acuerdo compromete el pago de 300 mil dólares, su vigencia es de un año con renovación automática e incluye cláusulas usureras, en sintonía con los clásicos acuerdos de Libre Comercio: ante cualquier duda o interpretación de los términos del contrato rige la legislación inglesa; ante incumplimiento o controversia, no se dirime en tribunales chilenos, sino un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional; y otras condiciones que ponen en riesgo el dinero público. Por todas estas irregularidades, Abogados por Palestina presentó en marzo de 2024 un requerimiento ante la entidad fiscalizadora superior de Chile de la cual esperan respuesta.
En Uruguay, la zona metropolitana de Montevideo padeció en 2023 una crisis hídrica y sanitaria por la situación límite de la cuenca del Río Santa Lucía de donde se abastece la planta potabilizadora que provee a dos tercios de la población del país. Cuenca atravesada por el desmonte, el agronegocio, la industria forestal y de celulosa y las descargas cloacales sin tratamiento, entre otras amenazas que hacen al corazón del modelo productivo uruguayo. En 2013, ante una crisis hídrica de menor magnitud, se conformó el Consejo de Cuenca, se realizó un diagnóstico y se dispusieron medidas urgentes para sanearla, que con el tiempo quedaron en el olvido. Completa el cuadro el achicamiento de la planta de empleados de OSE, empresa estatal a cargo del servicio, y la falta de inversión pública necesaria para el mantenimiento de una infraestructura obsoleta —el 50% del agua potable se pierde por las cañerías de la red—. La sequía de los últimos años sólo prendió la mecha del dispositivo que muches alertaban que iba a estallar.
Desde hace años Mekorot viene instalando en Uruguay la idea de usar agua del Río de la Plata, altamente contaminada, para sumar otra fuente de captación. En marzo del 2022 OSE firmó un contrato con la empresa por 275 mil dólares para asesoramiento y capacitación en materia hídrica. Ante la solicitud de información, OSE sólo entregó la resolución de directorio donde se mencionaba el monto y el objeto del contrato, pero no su contenido. La estrategia del gobierno actual es avanzar con el Proyecto Neptuno, en la localidad de Arazatí, a cargo de un consorcio de empresas privadas, para tomar agua del Río de la Plata y transportarla 72 km para inyectarla a la red, altamente cuestionado por sus enormes costos —700 millones de dólares— y dudosa viabilidad ya que incluiría proceso de desalinización en algunos meses del año. ¿Cuáles han sido los ‘consejos’ de Mekorot? ¿Recuperar la cuenca del Santa Lucía, restablecer el bosque nativo, ordenar el territorio modificando los cultivos forestales en zonas de recarga del río, reemplazar los cultivos del agronegocio, tratar los efluentes para evitar las descargas, todas recomendaciones hechas en 2013? ¿Frenar el vaciamiento de OSE? Claro que no, su recomendación es avanzar con los negociados del Proyecto Neptuno.
Antecedentes en Argentina
Si bien los lazos entre Israel y nuestro país son de larga data, recién en 1995 ambos Estados rubricaron un Convenio de Cooperación Comercial y Económica, ratificado por la ley 24.710.
Años más tarde, Mekorot encontró en el sector sindical ligado a la gestión del agua un gran aliado para expandir su influencia. Según registros periodísticos, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) sostenía relaciones con la empresa al menos desde 2007. El dirigente menemista Rubén Pereyra en aquél momento a cargo de la conducción, era un representante del modelo de “sindicalismo empresario” instalado durante la hegemonía privatista de la década del ‘90. Estos vínculos sirvieron de base para la firma en agosto de 2008 de un acuerdo marco de cooperación entre FENTOS, Mekorot y el gobernador Mario Das Neves de Chubut, para realizar estudios y proyectos de obras hídricas y de agua para riego. El antecedente es de importancia por el alcance nacional de la Federación y su compromiso con la empresa.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la relación con Mekorot cobró otra dimensión. La Empresa 5 de Septiembre pertenece al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA) y está constituida con el 10% de las acciones correspondientes a les trabajadores de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), prestataria del servicio en 80 localidades. El objeto principal de la empresa es brindar servicios integrales de consultoría, diseño y evaluación de obras; su incidencia en las políticas y decisiones de ABSA es más que relevante. La relación de Mekorot con ambas empresas es de larga data.
En los años 2008 y 2009, la localidad de Bahía Blanca atravesó una fuerte crisis hídrica, situación que apuntaló a la intervención de Mekorot en tareas de consultoría para el diseño de un “plan de emergencia” y posteriormente una planta de reuso de líquidos cloacales, para destinar el agua reciclada al Polo Petroquímico, aliviando de esta manera el agua para uso doméstico. Mekorot diseñó la planta junto a la Empresa 5 de septiembre, ABSA aportó $150 millones para su financiamiento y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) otros $30 millones. En 2011 se presentó el proyecto, en 2016 inició su construcción y en 2019 la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, inauguró su primera fase. No encontramos registro que se haya realizado licitación, ni audiencia pública sobre la obra, ni evaluación de impacto ambiental, ni consulta o participación de organizaciones de la sociedad bahiense, a pesar del interés que había despertado la crisis hídrica. El único sector consultado fue el complejo petroquímico.
En la ciudad de La Plata, el proceso fue similar, en paralelo, pero con otro desenlace. El objetivo allí era construir una planta de tratamiento de aguas para la región de la capital provincial, Berisso y Ensenada, como complemento de la planta Donato Gerardi (Ensenada) y extender el servicio a futuro mediante la extracción de agua del Río de La Plata. La Empresa 5 de Septiembre, SOSBA y ABSA junto a Mekorot lideraron el proceso, la empresa hispano-israelí Ashtrom BV y las constructoras platenses Mako y Eleprint completaron el equipo de la UTE conformada para la ejecución.
En noviembre de 2009 el entonces gobernador, Daniel Scioli, declaró de interés público el proyecto y llamó a licitación en el marco del Régimen de Iniciativa Privada. El costo estimativo inicial era de 90 millones de dólares a cargo de los responsables del proyecto, contemplando la construcción y posterior operación de la planta hasta el repago total de la obra en unos 15 años, lo que implicaba al menos un 30% de aumento de la tarifa para los usuarios de la zona. A fines de 2010, Scioli viajó a Israel para concretar el acuerdo para las plantas de Bahía Blanca y La Plata. El intendente bahiense, Cristian Breintenstein, y el titular de ABSA, Guillermo Scarcela, fueron de la partida. A su regreso, rápidamente inició el proceso de licitación para la planta de La Plata.
En el año 2011, al tomar estado público el proceso, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, con el respaldo de la red internacional Stop The Wall, junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones iniciaron la campaña “Buenos Aires, las Aguas Bajan Turbias”, denunciando los crímenes de apartheid contra el pueblo palestino de Mekorot y el negociado en torno al proyecto.
Según Adolfo Ruiz, ingeniero empleado en el área de hidráulica de la provincia y delegado de ATE, la reparación y mejora para reducir las pérdidas de las cañerías existentes permitiría obtener resultados similares a los proyectados para la planta, con costos sustancialmente menores. Además del aumento de la tarifa, se cuestionaba el proceso licitatorio hecho “a medida” de la empresa y la calidad de agua propuesta: el “doble estándar” característico del modelo de gestión de Mekorot: agua “corriente” no apta para consumo humano, de menor calidad y costo, y “agua potable” a mayor precio.
Con mucho esfuerzo se presentó un detallado pedido de informes en la Legislatura a través del diputado Oscar Negrelli, de la Coalición Cívica. Fruto de la movilización en la calle y el trabajo en los medios de comunicación, en octubre del 2012 se logró la aprobación del pedido de informe en la Legislatura y luego la suspensión de la licitación. Una victoria importante, ya que a pesar de los reiterados intentos, a la fecha el proyecto no se pudo concretar. De todos modos, la alerta continúa, dado que muchos de los actores intervinientes en aquellos años siguen ocupando espacios de poder: Daniel Scioli es Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del actual gobierno de Javier Milei; Julio Castro, titular de SOSBA y de la Empresa 5 de Septiembre en aquél entonces, continúa a la cabeza del gremio; Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, sigue tendiendo lazos con los gobiernos de turno para fortalecer los negocios del sionismo y los propios.
La experiencia reciente
Desde su asunción en el Ministerio del Interior, Wado de Pedro —paradójicamente, hijo de víctimas de la última dictadura genocida del país— quiso que les titulares de las provincias conocieran de primera mano, in situ, el modelo de gestión del agua de Israel. Debido a la pandemia, el viaje recién pudo concretarse en abril de 2022, con mandataries y funcionaries de 10 provincias y de distintos signos políticos. Mientras tanto, en 2021, el gobierno promovió un ‘memorándum de entendimiento’ entre Mekorot y el ente que regula el servicio de agua y saneamiento a nivel nacional, el ENOHSA. Todas estas gestiones contaron con el acompañamiento militante de Mario Montoto.
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En el viaje a Israel, De Pedro propuso a les gobernadores crear una ‘mesa de trabajo’ para centralizar en una sola autoridad en la órbita de su Ministerio el manejo del agua, tomando como ejemplo el modelo israelí. Señaló que junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) habían elaborado un borrador de proyecto de ley a tal fin y querían firmar un convenio con la empresa y las provincias para avanzar en ese sentido. Mendoza y Río Negro no estuvieron de acuerdo, señalando que no era un tema de competencia nacional. De todos modos, al regreso de la comitiva y por intermediación del CFI, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron convenios para que Mekorot diseñara sus Planes Maestros de Agua, principalmente.
A principios de 2023 se realizó un acto oficial en Casa Rosada para ‘formalizar’ los convenios, con la presencia del Embajador de Israel, el presidente de Mekorot y les titulares de las provincias firmantes, a las que se sumaron Santa Fe y Santiago del Estero. Más recientemente, con el recambio de gobierno, los gobernadores de Neuquén, Chubut y Jujuy anunciaron la firma con la empresa, completando así la plantilla actual de 12 provincias, la mitad del país, de una u otra manera vinculadas a Mekorot. Si nos detenemos a analizar el mapa, es la ruta del avance de la frontera extractivista, megaminera, petrolera y del agronegocio.
Ante la profundización del genocidio en Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de Javier Milei es uno de los pocos en la región y el mundo que afirma su apoyo incondicional al primer ministro Benjamin Netanyahu. Fronteras adentro, empresarios sionistas de mucho poder económico integran el círculo rojo del gobierno de Milei, incluso en puestos clave, como Eduardo Elzstain o Gerardo Werthein —actual embajador en EE.UU— o referentes como el rabino Axel Wahnish, designado embajador en Israel. Las perspectivas, por tanto, no son muy alentadoras.
La falta de información y participación
El intermediario elegido en esta etapa para acompañar a Mekorot, eludiendo las normas de contratación pública, control y monitoreo, acceso a la información y participación pública es el Consejo Federal de Inversiones.
Se trata de un organismo autónomo y autárquico, es decir, no tiene obligación de responder a ningún ámbito superior, más que a su propio directorio. Conformado en 1959 por representantes de las provincias, su objeto es la ‘investigación, la coordinación y el asesoramiento’ para una ‘adecuada política de inversiones’. Por el CFI desfilan la gran mayoría de proyectos de obra pública de las provincias. Está financiado por un porcentaje de lo correspondiente a cada jurisdicción de la coparticipación federal; a modo de ejemplo, para el ejercicio 2024, serían alrededor de $90.000 millones.
Su actual secretario general, Ignacio Lamothe, muy cercano a De Pedro, con antecedentes en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue elegido para ese cargo en octubre de 2020. Lamothe llegó al CFI tras la muerte del anterior titular, Juan José Ciacera, quien estuvo 33 años ininterrumpidos al frente del organismo. Una señal del acuerdo entre las principales fuerzas políticas y gobiernos de turno para mantener el status quo de la entidad.
Al tomar conocimiento de los primeros convenios firmados entre las provincias y Mekorot, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, solicitó una entrevista con De Pedro, requiriendo mayor información. En la oportunidad el Ministro respondió que su organismo no tenía ninguna injerencia en los acuerdos firmados, que la información debía ser requerida al CFI.
Después de insistir mediante notas en el marco de las leyes de Acceso a la Información Pública y en específico de la Información Pública Ambiental, desde el CFI respondieron que el organismo no está obligado a las disposiciones de esas normas. Igualmente brindaron información genérica sobre los acuerdos firmados con Mekorot, aclarando que en el caso de Santa Fe y Santiago del Estero, si bien había convenios específicos con el CFI, no había injerencia de la empresa —a pesar de los anuncios a la prensa en ese sentido por parte de ambos gobernadores—.
Recientemente, legisladores de la bancada de Izquierda de la Legislatura de Chubut presentaron un pedido de informe, luego del viaje a Israel del gobernador y que los medios de comunicación difundieran la firma con Mekorot, incluso con autoridades locales dando detalles del acuerdo y el costo a pagar ($300 millones). La respuesta fue similar: la provincia tiene firmados contratos vinculados a la gestión hídrica con el CFI, pero ninguno con la empresa.
A partir de la insistencia de las asambleas en defensa del agua, junto a organizaciones políticas y sociales, ante autoridades de varias provincias involucradas, fue posible conseguir los convenios de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan y Río Negro, donde sí se menciona a la empresa. Su contenido es somero, casi idéntico en cuanto a objetivos generales y plazos a considerar, no hacen referencia a los costos a abonar por el servicio, ni a resolución de controversias, ni garantías para el acceso a la información y participación durante el proceso.
Gracias a ese proceso de involucramiento de las asambleas, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, por impulso del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y el Movimiento BDS se conformó en Argentina la Campaña Fuera Mekorot. Es desde ese espacio colectivo de articulación que se visibiliza y difunde qué es y cómo opera Mekorot tanto en Palestina como en nuestros territorios. Para ello se han realizado diversas actividades, una audiencia pública en el Cámara de Diputados de la Nación en respaldo a la presentación de un pedido de informe por parte de diputados del bloque de izquierda, difusión en centros culturales, espacios públicos y encuentros de redes nacionales e internacionales, recabando información valiosa que aporta a la denuncia y alerta sobre la injerencia de Mekorot en los distintos territorios. Los carteles de Fuera Mekorot acompañan las banderas palestinas en cada movilización de repudio al genocidio en Gaza, en cada marcha en defensa del agua.
Conclusiones
Desandar la historia de Mekorot permite comprender uno de los ejes fundacionales del régimen sionista y conocer cómo opera este engranaje clave en la maquinaria del apartheid que sufre el pueblo palestino, usando para tan vil objetivo a un bien esencial para la vida como es el agua.
El mito del ‘oasis en medio del desierto’ israelí, que Mekorot ofrece al mundo, abona la idea del ‘vacío a ocupar’, tan utilizada por los colonialismos durante siglos para legitimar la dominación de nuestros principales bienes comunes y nuestros territorios.
Al legitimar ese ‘vacío’, tanto la empresa como los gobiernos que van a su encuentro buscando soluciones ‘mágicas’, niegan la existencia en este continente de numerosos saberes, experiencias, estrategias vinculadas al agua que desde hace siglos, renacen, se actualizan, se difunden, se disputan en los distintos ámbitos sociales, culturales, productivos, académicos e institucionales. Aprendizajes en muchos casos conquistados en la calles.
Los métodos y mecanismos con los que opera la empresa de agua israelí violan derechos humanos, son opresivos y están basados en una lógica mercantilista, elementos todos concurrentes con el modelo de saqueo extractivista que se intenta profundizar en nuestro continente. El objetivo principal de los servicios de consultoría, planificación de proyectos y formación que desarrolla en nuestros territorios no se orienta a garantizar un acceso equitativo al agua ni a preservar sus principales fuentes, sino a consolidar este modelo de exclusión.
A partir de la profundización del genocidio en Gaza, las luchas en solidaridad con el pueblo palestino ganan las calles en distintas partes del mundo. La denuncia contra Mekorot entronca con ese proceso, sumando la trayectoria y la potencialidad de la lucha por el agua, en defensa de la vida.
