Este fin de semana, en la ciudad de San Nicolás, se inaugura el nuevo Parque Aguiar, renombrado como Eco Parque San Nicolás. La explotación de la naturaleza y el atropello de los derechos como eje de la gestión de los Passaglia.
Por Elizabeth Moretti
El Parque Rafael de Aguiar se ubica en la ciudad de San Nicolás, en el extremo norte de la Provincia de Buenos Aires, limitado por los arroyos Del Medio y Yaguarón (un brazo del Río Paraná), y contiene dentro de su territorio protegido una serie de pequeñas islas generadas por el Delta del Yaguarón.
Hoy, lo que fue un área natural protegida fue convertido, por obra y gracia de la acción municipal y la inacción de instancias judiciales, provinciales y nacionales que debía cuidarlo, en un sitio para paseos turísticos, con poco o nada de cuidado por la naturaleza y la vida que allí se desarrollaba.
Ahora, las autoridades municipales avanzan también sobre el territorio isleño del Delta, pretendiendo crear una playada artificial, atropellando en el proceso no solo la salud del ecosistema contenido en las islas, sino también los derechos de familias isleras que habitan ese territorio, en armonía con los ciclos naturales, desde hace décadas y en algunos casos, generaciones.
El pasado jueves, como informábamos en un artículo anterior, se realizó una movilización al Consejo Deliberante de la ciudad, donde se aprobaría el proyecto del Eco Parque, lo que significa una legitimación política de todos los desastres hechos y por hacer. La numerosa columna que se acercó al lugar estuvo compuesta por organizaciones sociales pero también por individuos movilizados de manera independientes, con un fuerte sentido de indignación ante este atropello, en un momento histórico en que una parte de la humanidad comienza a intentar una convivencia más sana con la naturaleza y los ecosistemas circundantes.
A días que el proyecto de la Ley de Humedales perdiera estado parlamentario, cientos de personas reclamaron, aunque sea, salvar lo poco que queda. La actitud del ejecutivo local fue, como era de esperar, la represiva. El edificio donde sesiona el Consejo Deliberante estuvo rodeado de efectivos de la infantería que incluso llegaron a arrojar gas pimienta y a golpear y maltratar a manifestantes y periodistas, en una medida de fuerza absoluamente pacífica. Producto del escándalo que esto generó, la oposición, que tiene, por supuesto, su juego propio, decidió no dar el quorum para sesionar. Con lo que la aprobación de este proyecto (y otros como el aumento de tarifas municipales) quedó pospuesta, más tardar, para el 10 de diciembre, cuando, producto del recambio de autoridades, el oficialismo de Juntos quedará no solo con mayoría dentro del recinto, sino también con la posibilidad de quorum propio.
Borrador Definitivo estuvo presente en el lugar, recogiendo testimonios de los y las participantes de este heterogéneo movimiento, algunos de los cuales presentamos en esta nota.
