Artículo publicado el 11 de marzo en Agencia Tierra Viva
De las privatizaciones de empresas estatales en los ’90 a la entrega de territorios para el modelo extractivo. El oficialismo insiste con una fórmula que asegura más pobreza y dependencia. La relación entre deuda externa y la explotación de recursos naturales, un Ministerio de Ciencia que se abraza a las corporaciones extractivas y el rol de organizaciones sociales que llamaron a votar a un Gobierno que profundiza el saqueo.
Por Darío Aranda
En solo 48 horas el peronismo gobernante dio una exhibición contundente de que juega todo para la megaminería, el agronegocio y la explotación petrolera.
El presidente Alberto Fernández recibió el lunes 7 de marzo, en Casa Rosada, al CEO de la multinacional de litio Livent, Paul Graves.
El martes 8, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitaron la inauguración de Expoagro (feria de negocios de los diarios Clarín y La Nación). Sonrisas de ocasión y puentes de diálogo con el agronegocio.
El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi, compartieron almuerzo y elogios con los directivos de Syngenta (Antonio Aracre) y de Bioceres (Federico Trucco), mientras llamaron a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Houston (Estados Unidos) para participar del «CERA Week 2022», uno de los mayores eventos de la industria petrolera. Se reunirá con presidentes y CEOs de Total, Chevron, Shell y Equinor.
El trasfondo: el acuerdo con el FMI.
Menem, Consenso de Washington y prioridades
El 1 de marzo, en su discurso en el Congreso Nacional, el Presidente se refirió en 25 ocasiones a la deuda externa y al FMI. Y sólo dos veces mencionó la palabra ambiente. Un resumen que gráfica su gobierno, el del Frente de Todos, volcado de lleno al extractivismo. En el mismo discurso anunció los proyectos de ley para profundizar el agronegocio, la megaminería de litio y la actividad petrolera.
Lo que Carlos Menem hizo con las privatizaciones de las empresas estatales, el peronismo del Siglo XXI lo hace con las montañas, ríos, mares y tierras argentinas. Es una continuidad histórica: toda la ingeniería legal para las actividades extractivas de América Latina fueron escritas y sancionadas durante la década del 90, en el marco del Consenso de Washington (medidas económicas impulsadas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos).
Atrás quedan los discursos de ocasión del Presidente sobre la «casa común» y los discursos políticamente correctos en convenciones internacionales sobre ambiente.
Pareciera que no existió el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés) sobre las consecuencias cada vez peor de la crisis climática; pareciera no haber sucedido una pandemia como nunca antes (con cada vez más pruebas de que fue de origen zoonótico). No escucharon las masivas movilizaciones contra la megaminería en Mendoza en 2019, en Chubut en 2020/2021 y las marchas masivas en Mar del Plata contra le explotación petrolera.
El tiempo de los partidos políticos hegemónicos son distintos al del IPCC y a los que viven en los territorios el lucha contra el extractivismo. Mientras asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y científicos del IPCC incluyen en su accionar el mediano-largo plazo –lo que sucederá con las próximas generaciones–, los sectores políticos dominantes priorizan sus intereses mediatos, la próxima elección.
Organizaciones sociales y los engranajes del poder
El Movimiento Evita, a través de Fernando «Chino» Navarro, justificó el acuerdo con el FMI y llamó a votarlo. Somos Barrio de Pie, con su referente Daniel Menendez, también acompañó el acuerdo: «La aprobación logró evitar una catástrofe mayor sobre nuestro pueblo». Ambos, Navarro y Menendez, son funcionarios nacionales. Y ambos apuntaron sus críticas a Mauricio Macri y Cambiemos (Pro-UCR-Coalición Cívica), máximos responsables de la deuda con el FMI.
La gran mayoría de las organizaciones de izquierda repudiaron el acuerdo con el FMI y llaman, desde hace años, a desconocer la deuda por fraudulenta, ilegítima e ilegal. Por otro lado, algunas organizaciones optaron por el silencio. Fue el caso del Mocase-Vía Campesina.
Otros espacios, también afines al Gobierno, se movilizaron y rechazaron explícitamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son las mismas que dos años atrás hicieron campaña para votar a Alberto Fernández. Quizá el caso más claro sea el Frente Patria Grande, integrada también por organizaciones sociales, y que se presenta como «una organización que fundada en 2018 por militantes relativamente jóvenes y lejanos a la política tradicional».
El 9 de marzo brindaron una conferencia de prensa para anunciar su rechazo al acuerdo con el FMI (de sus tres diputados, dos votaron en contra y uno se abstuvo). Dieron una extensa y precisa argumentación de su posicionamiento, incluso con datos históricos con paralelos al presente: «Hace 200 años, el Gobierno firmaba el primer empréstito con la casa financiera Baring Brothers entregando como garantía hipotecaria las tierras públicas. Se robaron la plata, se repartieron las tierras, definieron que la Argentina sería proveedora de materias primas para las factorías del mundo desarrollado. Así se conformó la élite económica de nuestro país».
Enumeraron la situación social actual: quince millones de pobres, cinco millones de indigentes, once millones de argentinos sin techo propio, cuatro millones de trabajadores registrados con salarios bajo la línea de pobreza, ocho millones de trabajadores informales y de la economía popular sin derechos básicos garantizados. Todo enmarcado, entre otras causas, de tres décadas de políticas extractivas. Como reiteran las asambleas socioambientales, está probado que el extractivismo no es un camino válido para el desarrollo y solo asegura mayor pobreza y dependencia.
En su comunicado, el Frente Patria Grande recuerda que «es el pueblo, no el Gobierno, el que termina pagando esa fortuna sideral que se llevaron los grupos financieros». Y denuncian que, con el acuerdo con el FMI, se «reincide en una lógica colonial».
A pesar de toda la crítica, el texto finaliza con un llamado a «mantener más que nunca la unidad del Frente de Todos y sostener al Gobierno Nacional».
La mirada estructural e histórica que algunas organizaciones sociales tienen (en este caso para con el FMI) está ausente para analizar el rol que cumplen las organizaciones sociales para la llegada y sostenimiento de gobiernos que consolidan un modelo de extractivismo, dependencia y pobreza.
FMI, deuda externa y extractivismo
«Instituciones Financieras Internacionales (IFI): el negocio del ‘desarrollo'», es el título del informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, su sigla en inglés), en el que analiza el rol del Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.
El Movimiento Mundial por los Bosques, que desde hace tres décadas estudia y denuncia las políticas extractivas de gobiernos y multinacionales, explica que los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, y EE.UU.) son los que controlan los organismos financieros internacionales.
«Las IFI se relacionan de esta forma con el círculo vicioso de la deuda externa sobre el que se construye la dependencia. Por medio de esta dependencia, las naciones poderosas pueden imponer sus condiciones (…) Entre las medidas que incluye la receta de políticas de las IFI están los programas de ajuste estructural, mejorar la balanza de pagos a través del incremento de las exportaciones. Por lo tanto, los países del sur se han embarcado en la extracción intensiva de recursos naturales y en actividades de monocultivo orientadas a la exportación (los llamados productos básicos o commodities), también para generar las divisas necesarias para pagar la deuda externa», explica el WRM y, remarca, el rol fundamental de las compañías trasnacionales, que invierten en la explotación de los recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales y sociales.
A fin de demostrar lo rentable que son las inversiones en las IFI para los países industrializados, el Movimiento por los Bosques cita al propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un informe de mayo de 1994 titulado «Bancos multilaterales de desarrollo: cómo hacer crecer las exportaciones estadounidenses y crear empleo en EE.UU.». Reconoce el Departamento del Tesoro: «Los programas de ajuste estructural y de préstamos sectoriales de los bancos de desarrollo han sido extremadamente importantes en la promoción de sistemas de comercio más abiertos. En América Latina y el Caribe este tipo de préstamos, junto con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ha dado como resultado la reforma de políticas económicas fundamentales en algunos de los países más grandes. Como consecuencia, estos países se están convirtiendo en mercados de exportación más grandes e importantes para Estados Unidos y otros países industriales».
El WRM asegura que «las Instituciones Financieras Internacionales facilitan hoy la fuga de recursos del Sur al Norte, cuyos orígenes se remontan a la época colonial». Y recuerda que en las raíces de todo este proceso está el modelo de producción excesivo, consumo y desperdicio excesivo de las sociedades industrializadas. «El Norte puede mantener su estilo de vida gracias a la apropiación de recursos y de mano de obra barata de los países del Sur y a su destrucción ambiental», denuncian.
Recetas para el despojo, Estado y clases dominantes
En 1955, el economista Raúl Prebisch escribió un plan económico a solicitud de la dictadura militar encabezada por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Entre otras medidas, proponía medidas para profundizar el modelo agrícola, liberar el comercio exterior, ajustar en la economía local, achicar el rol del Estado y sumarse al Fondo Monetario Internacional. Arturo Jauretche, político e intelectual, realizó un análisis tan crítico como histórico y geopolítico que guarda total actualidad. En un apartado precisó cómo esas medidas económicas iban a profundizar la desigualdad entre las potencias industriales y los países subdesarrollados: «Plenos empleo, altos ingresos y prosperidad en el país central, sustentado en un ventajoso intercambio comercial con un país periférico endeudado, monoproductor de materias primas y cuyo bajo costo de producción está garantizado por el estado de necesidad de su masa trabajadora».
Leonardo Rossi, investigador del Grupo de Ecología Política del Sur (Universidad de Catamarca-Conicet), precisó el rol de gobiernos, deudas y extractivismo: «En el neoliberalismo el Estado está bien presente: endeudando, legalizando el pago de deudas ilegítimas, organizando el despojo de los cuerpos y territorios, reprimiendo las alternativas».
Raúl Zibechi, en su libro «Caos y resistencias durante la pandemia», complementa con una mirada por fuera de la lógica partidaria cortoplacista: «Las clases dominantes del mundo, y las de América Latina en particular, tienen un solo proyecto: seguir estando en la cima, seguir siendo dominantes. Lo demás lo improvisan. En tanto, apelan al Estado para resolver las urgencias. Es un error pensar que la economía, la ganancia, es lo primordial para ellas. Es importante. Pero el capitalismo no es una economía, sino un proyecto de poder».
