Por estos días, la provincia de Chubut está parándose de manos nuevamente contra los intereses megamineros y los poderes políticos, tanto provinciales como nacionales.
Por Elizabeth Moretti Fotos: Anibal Aguaisol y Asamblea de Vecinos de Epuyen
Hace unas semanas, Pablo Lada, militante contra la megaminería y miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidad (UAC) de Chubut, nos comentaba que el gobierno provincial de Arcioni, con el apoyo del gobierno nacional, necesitaba “sacarse de encima” la Consulta Popular, para avanzar posteriormente con el proyecto de rezonificación.
En la provincia de Chubut, la prohibición de la megaminería a cielo abierto y con uso de cianuro, data del año 2003, con la sanción de la ley 5001.
Pero los intereses de las transnacionales nunca dejaron de amenazar, y entonces las asambleas se propusieron, ya en 2013, utilizar por primera vez en la provincia el mecanismo de Iniciativa Popular, para ampliar y profundizar esa prohibición, en pos de la protección del agua y el ambiente. El proyecto resultante, que contó con el aval de más de 13.000 firmas, fue espuriamente modificado por la legislatura, quitándole todo su contenido antiminero, y transformándolo en todo lo contrario. Tal fue el escándalo, que la ley resultante de este fraude no pudo ser aplicada y debió ser derogada un año después.
Así es que las asambleas volvieron a la carga, presentando en 2020 un proyecto que contó, esta vez, con la firma de 30.000 chubutenses, la mayoría de las cuales fueron recolectadas durante la pandemia.
No pudiendo hacer nuevamente el fraude del 2014, esta vez el poder político se encargó de intentar desprestigiar la IP, con declaraciones, tanto de funcionarios como de empresarios, absolutamente infundadas. Pablo Lada refería en una charla telefónica, que se había llegado a decir que, de aprobarse la IP, la provincia toda quedaría absolutamente improductiva y que ninguna actividad manufactutera sería viable en el territorio.
Después de esto, y en una sesión express, sin recibir ni consultar a los y las asambleístas como tampoco a profesionales que avalan la IP, la legislatura se apuró a rechazar el proyecto de ley, haciendo caso omiso de la voluntad popular que no para de gritar que la megaminería no tiene licencia social.
Esto, como era de esperar, encendió nuevamente la bronca de los y las chubutenses, que vienen oponiéndose férreamente a la destrucción de la tierra desde las primeras movilizaciones y asambleas en Esquel, hace ya 12 años. La lucha volvió a las calles, con movilizaciones, cortes de rutas y ocupaciones de oficinas públicas por tiempo indeterminado.
Lo que tampoco se hizo esperar fue la represión, siempre presente para criminalizar a quienes defienden el agua, con un despliegue policial inusitado para desalojar, en la madrugada del domingo, uno de los cortes, en la Ruta 3 en la localidad de Trelew, y para detener sin justificativo alguno a dos manifestantes, después de que la ruta ya había sido desocupada pacíficamente.
Las alertas de la población están en rojo, porque los y las activistas saben muy bien que, habiéndose desligado de la Iniciativa Popular nada le impide al gobierno avanzar, ahora sí con el proyecto de rezonificación para habilitar el ingreso de la actividad.
El sitio web leymineriachubut.com.ar establece que, en toda la provincia, hay sólo un río que alimenta de agua dulce y potable a toda su población. Mientras, la salud de sus aguas se ve amenazada por 135 proyectos mineros, que tendrían concesionados en total, 45.225 km. cuadrados de tierra.
La defensa del agua se está jugando en Chubut, de igual forma que se está jugando en Catamarca, con la pelea del pueblo de Andalgalá contra la minera Agua Rica. De la misma forma que se juega en el llano, con la lucha de los pueblos fumigados contra el glifosato y los cultivos transgénicos, o en la provincia del Chaco contra el intento de instalar megafactorías de cría de cerdos.
Los gobiernos de distintos colores políticos acuerdan en imponer el extractivismo, como única política de estado perdurable en todo el territorio, en beneficio de los intereses empresariales. La unificación y multiplicación de las luchas y las resistencias es urgente.
