El conflicto que suscitó la pretensión del poder ejecutivo provincial de trazar una autovía por el Valle de Punilla lleva ya meses. En las últimas semanas, quienes acampan en defensa del monte sufrieron la represión del estado, despertando la solidaridad de personas y organizaciones que, en todo el país, se manifiestan en defensa del ambiente, la naturaleza y la vida en general. Pero ni el intento de avance por pate de la gendarmería pudo hacer desistir a quienes aún resisten y ponen el cuerpo para detener las máquinas que pretenden arrasar el bosque nativo.
Compartimos una carta abierta, firmada por cientos de militantes y organizaciones, donde se explica el origen y las causas del conflicto. Podés leer el texto completo (con las firmas actualizadas) y firmar, aquí: SIN LICENCIA SOCIAL NO HAY LICENCIA AMBIENTAL. AUTOVÍA DE PUNILLA ILEGAL.
Por el Agua, la Salud y la Vida
SIN LICENCIA SOCIAL NO HAY LICENCIA AMBIENTAL. AUTOVÍA DE PUNILLA ILEGAL
SOMOS DEFENSORXS AMBIENTALES, POR EL AGUA, LA SALUD Y LA VIDA…
LA AUTOVÍA DE PUNILLA ES ILEGAL.
SIN LICENCIA SOCIAL, NO HAY LICENCIA AMBIENTAL.
BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA POR PARTE DEL ESTADO.
Desde las Asambleas Ambientales del Valle de Punilla, comunidades indígenas, organizaciones sociales, vecinos/as, profesionales, docentes, estudiantes e instituciones queremos expresar nuestro RECHAZO a la puesta en marcha del inicio de la obra Autovía de Punilla: ALTERNATIVA RUTA N° 38 TRAMO VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE, avalada por el Gobierno de Córdoba y su principal responsable el Gobernador Juan Schiaretti.
Y REPUDIAMOS profundamente el accionar VIOLENTO E ILEGAL por parte de la policía, infantería y la justicia provincial para imponer este proyecto.
Este proyecto vial que pretenden imponer, forma parte del Plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), diseñado por las grandes corporaciones para aumentar el flujo de sus capitales, expandir la frontera minera, agroindustrial e inmobiliaria, a costa del saqueo y destrucción de nuestros bienes naturales y territorios.
La Audiencia Pública virtual, llevada a cabo en 2021, mostró un 90% de rechazo a este Proyecto, con contundentes argumentos científicos, sociales, biológicos, arqueológicos, paleontológicos, geológicos, culturales, paisajísticos, económicos, sanitarios y legales respecto al impacto negativo ambiental y social que generaría. Además, esta obra vial tampoco respeta los protocolos legales correspondientes, al haberse realizado sin la ‘Consulta Previa’ a los Pueblos Originarios; ni se ha informado públicamente a la población, como corresponde, violando así el Convenio Internacional 169 de la OIT y la ley 10208, de Política Ambiental de la provincia.
La traza proyectada atravesaría bosques de máxima categoría de conservación (Zona Roja), cuencas hídricas, y áreas de alto valor arqueológico que son sitios sagrados para nuestras comunidades* y cientos de hogares de familias urbanas, periurbanas, campesinas e indígenas, lo que vulnerarían las Leyes Nacionales y Provinciales de protección al patrimonio natural y cultural y los Derechos Humanos**.
La provincia de Córdoba es una de las provincias con mayor índice de deforestación, estando sus bosques y toda su biodiversidad de flora y fauna, en estado crítico, gran cantidad de especies en peligro de extinción. Desde el 2010, se está exigiendo que se cumpla con la Ley de Bosques Nacional 26.331 y la Ley de Bosques Provincial 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) para su urgente protección, ya que, al contener toda la biodiversidad, son vitales para el equilibrio biológico y la estabilidad de las cuencas hídricas, únicas fuentes de agua para toda la población, que actualmente se encuentran disminuidas y contaminadas por la falta de resguardo, estamos atravesando una gran crisis hídrica en el Valle de Punilla desde hace años.
El agua es esencial para la supervivencia y la salud de la población, por lo que, un proyecto como esta Autovía generaría un gran impacto en la calidad de vida de todos/todas los/las habitantes del valle, acentuando esta crisis ambiental, climática, social y sanitaria. A su vez, perjudicaría la economía regional que vive del turismo que transita por la ruta 38, ya que el daño sobre nuestros ríos y arroyos, inevitablemente modificaría el paisaje, afectando así a la actividad turística en general.
Asimismo, sabemos que la empresa Camino de las Sierras y la Agencia Córdoba Cultura han contratado a un equipo de profesionales del CONICET para llevar adelante el proyecto, por lo cual, llamamos a la reflexión y conciencia de este equipo, para que se ajusten a los principios éticos del CONICET, que expresa: «los investigadores NO deben participar en trabajos que de modo directo o indirecto afecten a los derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales y en la Constitución Nacional».
Por todos estos motivos, hemos solicitado una Medida Cautelar a la justicia provincial (Tribunal Superior de Justicia-TSJ), que desde hace años viene haciendo oídos sordos a nuestros justos reclamos y que, recientemente, rechazó nuestro pedido sin analizar la veracidad de nuestras denuncias por incumplimiento de todas las leyes ambientales provinciales y nacionales.
Los abajo firmantes, conocemos los intereses que mueven este proyecto, que no representa una obra de bien público, principalmente porque existen alternativas de menor costo y menor impacto ambiental que una Autovía. Con los U$D 200.000.000, que se destinarían a esta obra, podríamos mejorar las condiciones de Salud, Educación, de Transporte y de Trabajo.
Venimos alertando que este proyecto inconstitucional es un avasallamiento a nuestros derechos humanos y a las leyes ambientales existentes. Sin embargo, el gobierno de la provincia ya está utilizando a las fuerzas públicas para permitir el avance de las obras y de las expropiaciones.
La justicia no responde por nuestros derechos porque NO condena las ilegalidades de este Proyecto; lo que nos empuja a situaciones donde sólo nos queda, como única opción, poner el cuerpo frente a las máquinas, para poder frenar la destrucción de nuestros valles. Se realizaron acampes para impedir el avance de las obras en el valle de Paravachasca, donde ya se inició un proyecto vial similar, y en Punilla, en la zona de San Roque y Molinari, donde también ya comenzaron dichas obras. En Paravachasca, el acampe fue desalojado violentamente, con la detención de compañeros que se manifestaban pacíficamente. En Molinari, el acampe instalado el día viernes 6 de mayo fue recientemente desalojado, también de forma muy violenta sin orden judicial, y a la madrugada. Ese mismo día, se presentó un Habeas Corpus para preservar la integridad de los manifestantes que fue rechazado en menos de 24hs., sin que se dictara sentencia firme y sin que se dignara juez alguno a dictar una medida precautoria. El accionar policial fue tremendo, el día lunes las fuerzas policiales e infantería rodearon el sitio de acampe donde se encontraban muchos vecinos/as y militarizaron la zona impidiéndoles el acceso al lugar a los demás vecinos/as por lo que también se llevó a cabo un corte de media calzada sobre la ruta 38. Tras intensas horas de manifestación pacífica, las fuerzas policiales se retiraron del lugar informándonos que no iban a seguir adelante con la obra hasta tanto haya una orden judicial. En todo momento se mantuvo un buen diálogo con la policía, que además nos expresó estar cuidando nuestra integridad como es su deber. Sin embargo, la policía en plena madrugada del día 10 se presenta sorpresivamente sin ninguna orden desalojando violentamente a los y las defensores ambientales ubicados en el lugar.
Hacemos un llamamiento a las universidades, a todos/as los/las profesionales, a los trabajadores de la salud, a todas las instituciones educativas, religiosas, a fundaciones, a sindicatos, a cooperativas, a asociaciones civiles, y a toda la población cordobesa, para que nos acompañen a defender la vida, la salud, la biodiversidad, la cultura, los bosques y las cuencas hídricas, para nosotros/as y las generaciones futuras.
Esperamos una respuesta a favor de la vida y en contra del ecocidio y violencia en nuestros territorios.
Los/as invitamos a pronunciarse en RECHAZO AL PROYECTO DE AUTOVÍA, y a REPUDIAR EL ACCIONAR VIOLENTO DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE LA JUSTICIA; a sumarse como defensores ambientales y a adherir firmando esta carta para sumar todas las voces y fuerzas a esta resistencia, en defensa de nuestros derechos.
POR EL BUEN VIVIR DE TODAS y TODOS y UN PRESENTE Y FUTURO POSIBLES.
Necesitamos unirnos para defender lo poco que queda. Aún estamos a tiempo!!!
# Basta de represión y violencia.
# las cuencas de agua, el monte y las sierras no se tocan!!
Referencias:
* Zona Roja -por definición en el artículo 26331 de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques- son sectores de muy alto valor en conservación que no deben transformarse. Incluye áreas que, por su ubicación relativa a Reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores pueden ser hábitats de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.
* *Leyes vulneradas en este proyecto:
- Art. 41 y 16 de la Constitución Nacional.
- Art. 38 y 186 de la Constitución Provincial.
- Art.14 del Código Civil y Comercial de la Nación.
- Convenio 169 de la OIT.
- Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques.
- Ley General de Ambiente. 25675 (Nacional)
- Ley Nacional 22.421 y Decreto 666/97 de Conservación de Fauna.
- Ley Nacional 26447 y 25337 de Conservación y Protección de la Flora.
- Ley Nacional 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
- Ley Nacional 27576 Acuerdo de Escazú.
- Ley Nacional 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
- Ley Provincial 7343. Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente.
- Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
- Ley Provincial 10208 de Política Ambiental Provincial.
