Desde la visibilidad que obtuvo el caso de Lucas, el joven de 17 años asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, venimos contando muertos a manos de distintas fuerzas represivas. Este 17 de diciembre, la CORREPI presenta su informe anual sobre la represión estatal. Hace un par de semanas charlamos con María del Carmen Verdú.
Entrevista: Luis Cuello para Borrador Definitivo. Foto: Emergentes
El tema de la violencia ejercida por el estado contra los sectores populares y oprimidos a través de las fuerzas policiales, en la actualidad cobró notoriedad en los medios de comunicación, de un lado y otro de “la grieta”. Y esto a causa de que en las últimas semanas se conocieron numerosos casos de muertes a manos de las fuerzas represivas, sobre todo en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Esto no es nuevo, en la actualidad se calcula que muere una persona a manos del estado cada 28 horas, pero hay una serie de factores que hicieron que los últimos casos tuvieran una visibilidad que no se les dio a otros.
María del Carmen Verdú es abogada e integrante de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), una organización anti represiva que viene trabajando para visibilizar esta realidad desde hace 30 años, y que este 17 de diciembre, desde Plaza de Mayo, presentará su clásico Informa Anual sobre la represión estatal. Preguntamos a María del Carmen sobre este aparente crecimiento represivo o, en todo caso, la mayor visibilidad dado a ellos en las últimas semanas, y nos contesta esto:
María del Carmen Verdú- Lo que hay es una continuidad que ya denunciábamos el año pasado con mucha preocupación. Si bien inicialmente, con la actual gestión, hubo algunos primeros indicios que parecían generar cierta expectativa de cambio en ese sentido, porque se derogaron los “protocolos Bullrich”, porque parecía que se iba a poder aplicar al menos algunas de las medidas que venimos agitando desde hace tantos años en nuestra agenda urgente antirrepresiva, en definitiva a partir de marzo, con la irrupción de la pandemia cambió completamente el enfoque del área de seguridad, que ya venia teniendo contradicciones entre esos primeros indicios favorables y por ejemplo, la designación de Berni como jefe del área en la Provincia de Bs. As. A partir de marzo del año pasado fue completamente abandonado aquel otro camino y por eso ya el año pasado tuvimos más de 500 muertes por el gatillo fácil y, sobre todo en los lugares de detención, en el marco, por supuesto, de la crisis sanitaria: más de 380 muertes en los lugares de detención en el curso del 2020 y este año seguimos por el mismo camino, que si no se atiende, siempre va a ser ascendente.
Lo que sucedió la semana pasada es que hubo cuatro hechos que se sucedieron en cuatro modalidades distintas: la muerte precedida de la desaparición en el marco de una razzia (el caso de Lauraro Rosé en Corrientes), la muerte por el fusilamiento de gatillo fácil (Lucas González, en CABA), la muerte por la tortura en una comisaría (Alejandro Martínez en San Clemente) y la muerte por la represión en la protesta con la modalidad de la tercerización de la represión (Elías Garay, en la Pu Lof Quemquemtrew, Río Negro). Y hubo uno de los casos que en realidad arrastró un poco la visibilidad del resto, que tuvo un elemento completamente novedoso, que fue la presencia de un actor confiable, creíble, verosímil para la prensa, que es el club de fútbol, que habilitó el contacto de los medios con la familia desde el primer momento, y por eso la versión policial del enfrentamiento, del tiroteo, del “peligroso delincuente abatido”, duró menos de una hora en la prensa y se desbarató rápidamente. Pero no porque hayan sido los periodistas que hacen policiales o judiciales, sociedad o interés general quienes chequearon la noticia y vieron que era falsa, sino porque fueron los periodistas deportivos los que empezaron a decir “esto no es así, me informaron fuentes confiables que las cosas fueron de otra manera”. Si no hubiese existido ese vínculo, que insisto: es lo único original del caso; si Lucas en lugar de salir de jugar a la pelota en ese club, hubiese salido de una pizzería o de la casa de un amigo, o de bailar -como venían Cristian “Paragüita” Toledo y otros dos chicos, casi en la misma zona, un par de años atrás; y pasó lo mismo con la policía de la ciudad, pero nadie se enteró porque venían de un boliche y no del club- ni estaríamos hablando de Lucas; y también estaríamos soportando, sí, una andanada discursiva sobre hubo un nuevo episodio de inseguridad en Barracas, y la necesidad de que haya más policías.
Borrador Definitivo- O sea que un poco con el caso de Lucas se rompió ese pacto de silencio entre la policía y el periodismo.
MCV- Lo que se logró fue que los medios de prensa, el periodismo, chequearan y revisaran con otra fuente, en este caso la familia, el entorno de la víctima, lo que en realidad había pasado. O sea, justamente una cosa que venimos señalando desde hace más de 30 años es que, a diferencia de lo que pasa con las demás noticias, en los hechos como este, la versión policial se toma al pie de la letra, no se cuestiona, y se publica sin ningún tipo de espíritu crítico respecto de lo que dice el parte policial. Y esto es lo mismo que hace el poder judicial, cosa que es muchísimo más grave que el que lo hagan los medios de prensa. Entonces, en esas circunstancias, lo extraordinario en el caso de Lucas es que la verdad se supo a la hora, no un año o seis meses después, mientras las familias se esfuerzan en hacer marchas, en salir a la calle, en llamar la atención de los medios, hacer huelga de hambre frente a los juzgados. No hizo falta todo eso porque, siendo el club del Chiqui Tapia, además, que no es cualquiera, según lo explican en el ámbito deportivo, cuando el periodista deportivo recibió la llamada, inmediatamente actuó. Insisto: el hecho ocurrió 21:30, y no eran las 10:30 de la mañana cuando yo escuché decir al periodista Gustavo Grabia: “el parte policial es falso”.
BD- De no haber sido por esa circunstancia tan particular, ¿la versión policial hubiera sido la que persistiera en la prensa?
MCV- No se discute el parte policial. Cuando en 2017 la policía de Tucumán fusiló por la espalda a Facundo Ferreira, que tenia apenas 12 años, el titular de los diarios no fue “Policía fusila por la espalda a niño de 12 años” sino “Precoz motochorro abatido”. Ahora, ¿cuál es el sentido de ese distinto titular?, que con la versión policial vos generás consenso favorable, porque la gente no se identifica con el motochorro y sí, en cambio, con el niño de 12 años. Entonces todo forma parte de la política de legitimación de la represión.
BD- Indudablemente esta política de legitimación de la represión tiene un carácter que es sistémico.
MCV – El conjunto de la política represiva estatal tiene un carácter y un condicionamiento de clase, porque se trata precisamente de aplicar el control social y disciplinar. Y vos no necesitás disciplinar al vecino de Nordelta o de La Horqueta, porque ese justamente es el privilegiado por el sistema, que no te va a traer ningún tipo de problemas (…) Yo desafío a cualquiera que quiera hacer la prueba de desmentirnos, que me traiga un solo caso de una victima de este tipo de hechos, que pertenezca a otro sector social, y que no se trate de quien está con la pinta, la actitud en el lugar equivocado. Porque los pocos casos que tenemos registrados en nuestro archivo de pibes o pibas o de personas más grandes que pertenecen a otros sectores sociales, es porque parecían otra cosa, y el policía dice “lo confundí”, cuando se explica delante de un juez.
BD- Siempre hablamos de gatillo fácil, pero otra forma en que el estado asesina a personas constantemente es a través de las muertes en los lugares de detención.
MCV- Sí, el año pasado fueron 384 en todo el país. Y de esas 384 muertes, por supuesto que la enorme mayoría ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Veníamos antes de la pandemia con un promedio de 150 muertes al año en las cárceles bonaerenses, aparte comisarias, institutos y todo lo demás, y desde el año pasado se ha superado ampliamente la barrera de los 200 casos.
BD- ¿Y en esto, como en otras cuestiones, no hay “grieta”?
MCV- Vos fíjate cómo funciona esto de la grieta en materia represiva: cuando sale este señor que sacó el 12% de los votos en la provincia de Buenos Aires, Espert, a proponer y sugerir que “se haga queso gruyere a tiros a los delincuentes”, la respuesta del otro lado de la grieta no fue “pará, pará, que estás promoviendo un crimen de estado, no queremos una policía así”. La respuesta fue, por boca del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: “Yo voy más allá que Espert, tengo 150 abatidos en mi gestión”. Eso lo dijo el ministro Berni que, con ese parte de guerra, se hizo cargo de 150 fusilamientos. La respuesta que yo y todos hubiéramos esperado de quienes se dicen “nacionales y populares”, defensores de los derechos y garantías de las personas, hubiese sido “Espert, eso que Ud. está diciendo es criminal”. La respuesta fue: “nosotros somos más duros”.
BD- Con los datos que estamos manejando, ¿se puede especular que el gobierno se esté preparando para la represión de la protesta social, en caso de que haya un estallido como en el 2001?
MCV- Convengamos que la protesta ya está siendo reprimida. Hablábamos recién del primer asesinado en la represión a la protesta con un conflicto social de la actual gestión con Elías Garay, donde la metodología utilizada fue la tercerización a través de dos sicarios. En su momento, este mismo método fue utilizado con Mariano Ferreira… y en particular durante la gestión kirchnerista fue muy empleado contra los trabajadores docentes, contra estudiantes de la FUBA, contra los manifestantes ambientalistas en Gualeguaychú y por supuesto en el episodio donde matan a Mariano, contra los tercerizados del tren.
Me resulta muy difícil responder una pregunta hipotética sobre si esto va a empeorar, cuando hace 30 años vengo militando en una organización que todos los días dice: “todos los días empeora”. Porque si comparamos los datos, ya tenemos 26 años registrados, presentamos el archivo todos los diciembres del ´96 hasta hoy, siempre los números son mayores que el año anterior.
BD- Lo cual significa la necesidad, cada vez más urgente, que los sectores y organizaciones tomen este tema como un punto central.
MCV- Afortunadamente eso viene sucediendo. Ya no estamos en la época en que las organizaciones de otros espacios no anti represivos contestaban: “no me vengan con cuestiones de policías y ladrones”. Hoy se entiende que el gatillo fácil, la muerte de una persona detenida en una cárcel o en una comisaría, o una desaparición forzada con intervención de las fuerzas de seguridad en democracia, un asesinato en represión a la protesta, son hechos de carácter político que tienen que ver justamente con las herramientas represivas de distinta naturaleza que usan los distintos gobiernos para asegurar la propia resolución del sistema que gerencian.
Hoy lo podemos ver en las calles, lo pudimos ver hace pocos días en la ciudad de Buenos Aires con la Marcha de la Gorra, con la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, lo vemos en las actividades cotidianas que lleva adelante CORREPI, que nunca estamos solos y solas, sino que siempre hay acompañamiento, presencia de otras organizaciones, cosa que no sucedía 30 años atrás donde poco menos éramos marcianos hablando de represión en democracia.
BD- Ahora están por presentar el nuevo informe anual.
MCV- Si, como todos los años, el 17/12 a las 18 hs. en Plaza de Mayo. Y más allá que este año podemos volver a la plaza -el año pasado lo tuvimos que hacer con otro mecanismo, por la grave situación sanitaria que teníamos- también lo vamos a transmitir on line para que pueda ser seguido por quienes no están en la ciudad de Buenos Aires.
