Ricardo Torralvo junto a Bernardo Landa están en prisión domiciliaria desde 29 de noviembre pasado por resolución de la cámara de apelaciones de Rosario. Este miércoles 7 de diciembre comienza la audiencia preliminar de un juicio que está exponiendo la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado desplegado a partir marzo de 1975 contra los obreros del Villazo en el marco del operativo represivo “serpiente roja del Paraná” encarado por el gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón.
Por Alejandro Morales
La importancia de mantener viva la memoria de la luchas de la clase obrera en el pasado es esencial para los desafíos del presente. También, es igual de necesario evitar el olvido de los crímenes cometidos por las clases dominantes.
Con respecto a la sangrienta represión a la heroica rebelión del Villazo, gracias a la lucha y movilización de los sobrevivientes y familiares organizados en la agrupación Memoria Verdad Justicia por el Villazo y la asamblea permanente por los derechos humanos de Rosario (apdhrosario) lograron llevar a juicio a los responsables de las fuerzas represivas y a los responsables empresariales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 en Villa Constitución.
Pero además, están logrando exponer el rol empresarial como la siderúrgica ACINDAR; empresarios que vienen gozando del privilegio de la impunidad por la complicidad del poder judicial a través de variadas maniobras legales y políticas.
La causa
La causa Villazo fue elevada a juicio el 8 de marzo de 2022 tras años de luchas y movilizaciones de sobrevivientes y familiares junto al apoyo de un sinfín de organizaciones de derechos humanos y políticas. Sin embargo en el juicio no fueron incluidos los delitos más graves de homicidios y asociación ilícita, dejando una clara actitud de complicidad del poder judicial con respecto a las responsabilidades de la burguesía en los crímenes; complicidad que también se manifestó en la dilatación del inicio y el avance del juicio.
Pero ante el accionar complaciente de la justicia con los represores, familiares y sobrevivientes continuaron con las acciones procedimentales correspondientes y con las movilizaciones y concentraciones logrando que finalmente ambos delitos fueran incorporados a la causa, y que empujó a dictar prisión preventiva al ex integrante del ejército Bernardo Landa y al ex directivo de la fábrica ACINDAR Ricardo Torralvo.
Los dos sujetos están acusados junto a Roberto Pellegrini, quien fue jefe de división de personal de la empresa, y Antonio Bossié de 11 homicidios; de Rodolfo Mancini, Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios, Carlos Ruescas, Concepción De Grandis, Miguel Ángel Lobotti, Juan Ponce de León, Adelaido Viribay, Jorge Raúl Andino, Carlos Thompson y Pedro Reche. Además tienen que afrontar los cargos de asociación ilícita, y junto otros integrantes de la policía federal, la prefectura, el ejército y civiles por 57 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
Este miércoles 7 de diciembre se realizó la audiencia preliminar en los tribunales federales de Rosario donde las partes expusieron sus argumentos.
El rol de Acindar en los crímenes de Lesa Humanidad
La represión a los trabajadores y del pueblo protagonista del Villazo iniciada en marzo de 1975 fue parte de un plan sistemático orquestado por las clases dominantes y encarado por el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. Si lo miramos desde una perspectiva histórica de proceso el operativo serpiente roja del Paraná significó un episodio de ensayo de terrorismo de Estado que la dictadura militar lo generalizó a todo el territorio del país.
El objetivo era destruir a trabajadores metalúrgicos de las distintas fábricas de la zona (Acindar, Metcom, Maraton) en especial a la lista marrón que se habían organizado apoyándose en las bases para recuperar el sindicato de la UOM, que a nivel nacional estaba bajo el férreo control de Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel era uno de los máximos exponentes de la burocracia sindical peronista estrechamente vinculado al poder. Por el contrario, la idea de los obreros era poner el gremio a cumplir con su verdadera función, velar por los intereses obreros y sus familias.
Para el poder político, sindical, eclesiástico y económico era vital terminar con una experiencia triunfante de la clase trabajadora que gozaba del apoyo de la población de la ciudad de Villa Constitución. Pero la experiencia villense no era la única en el país, por lo tanto este poder dominante, para sostener sus posiciones encaró un plan de eliminación violento, brutal y extendido. ACINDAR ocupaba un rol destacado en la cúpula de ese poder dominante.
Siguiendo esta lógica el gobierno peronista comenzó a escalar en la política represiva a partir del año 1974 con la implementación de leyes, encarcelamientos, estado de sitio, ilegalización de sindicatos, de protestas y de huelgas que estuvieran fueran del control de la burocracias sindicales. En paralelo, aumentó su actividad terrorista la banda paramilitar triple A que actuaba en convivencia con el Estado y las burocracias integrantes de la CGT.
Con el decreto N° 261 de 1975 firmado por la presidenta y por los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero la represión estatal dio un salto cualitativo al ordenar la intervención de las FFAA en la “lucha contra la subversión” y dándole la libertad para aplicar los métodos que creyeran necesarios para la eliminación de las organizaciones y militantes “subversivos”.
En Villa Constitución la política represiva irrumpió el 20 de marzo de 1975 con el comienzo del operativo “serpiente roja del Paraná” que invadió literalmente la ciudad del sur santafesino. El operativo incluyó a San Nicolás y Rosario, polos referentes del principal cordón industrial de la Argentina.
En el plan de ocupación de la ciudad el rol de ACINDAR fue central. Desde su cúpula directiva elaboraron listas de los trabajadores con fotos incluidas, usando como excusa la renovación del carnet y aportaron recursos materiales (CELS Empresas y Dictadura); un centenar de ellos fue a parar a un centro clandestino de detención, “el albergue de los solteros”, que funcionaba en las instalaciones de la fábrica ubicada sobre la ruta 21.
Por entonces la siderúrgica tenía de presidente a Alfredo Martínez de Hoz quien luego fue designado ministro de economía de la dictadura en marzo de 1976. Cuando dejó su puesto Martínez de Hoz, fue reemplazo por el Gral. López Aufranc, jefe de la represión a los obreros y estudiantes que pusieron el cuerpo en el Cordobazo de 1969 (Leónidas Cerruti, El Villazo, triunfo de la clase obrera, y el operativo “Serpiente Roja”).
El lugar estelar de la ACINDAR y del conjunto de la burguesía en el mayor genocidio de la historia del país es evidente a la luz de las pruebas materiales y testimoniales. La intensión de los poderes de turno es ocultarla en el olvido. La lucha de los oprimidos busca evitarlo.
*Imágen gentileza de Oscar «Pacho» Juarez
