(Publicado en el facebook de Borrador definitivo el 15/09/2020)
Escribimos esto cuando, después del anuncio de aumento por parte del gobernador Kicillof a fines de la semana pasada, la protesta policial fue desactivada. Aun así, son muchos los temas que quedan por diseccionar sobre lo vivido en la pasada semana, y que traerán no pocas consecuencias en el corto y mediano plazo, en torno al necesario reacomodo político que está operando en las cimas del poder burgués argentino. Intentamos, entonces, en estas líneas, abordar algunos de los temas que nos parece que se esconden bajo la superficie del reclamo salarial de la institución policial más grande del país.
Lo primero que hay que dejar en claro es que, más allá de la espectacularidad de los días vividos y lo simbólico de los patrulleros rodeando la Quinta de Olivos, este levantamiento policial no esconde la posibilidad latente de un golpe de estado.
La hipótesis destituyente es agitada por abajo desde el gobierno y difundida por organizaciones políticas y medios de prensa afines, con la intención de victimizarse y crear la idea de una democracia en peligro. El objetivo principal de esto es fortalecer la cohesión de propios y obligar a ajenos a cerrar filas en torno a la coalición gobernante.
Pero más allá del circo mediático montado, para que se pueda hablar de la posibilidad de un golpe (duro o blando), tendríamos que ver, detrás de los hilos de la institución policial, la mano de algún sector burgués de peso o del propio imperialismo manejando la marioneta. Y no nos parece que esa sea la situación.
Antes bien, nos parece que se ha abierto en la dirigencia política un debate a partir de los dichos de Duhalde. Tanto el gobierno como la oposición parecen haber tomado seriamente la posibilidad de estallido que el viejo dirigente/asesino alertaba, y haber comprendido que no deben jugar con fuego y que es necesario aunar voluntades frente a la profundización de la crisis y la perspectiva de posibles rebeliones de distintos tipos, esforzándose por acompañar el fortalecimiento del gobierno, que hasta ahora se ha presentado débil. Al mismo tiempo, se le exige un endurecimiento contra la clase trabajadora y los oprimidos en general.
Más allá de la pelea política de cara al posicionamiento frente a un año electoral y las disputas por quién se queda con el botín de las ganancias y quién las administra, y de la crisis existente y agudizada por la pandemia; vemos que la burguesía, en su conjunto, muestra incesantes ataques a les trabajadores y al pueblo, que una vez más pagarán los platos rotos. En este marco se lee el acuerdo (de ambos lados de “la grieta) de no sólo atar nuevamente al país a el pago de la deuda, sino también de profundizar todas las políticas extractivistas y de destrucción del medio ambiente que vienen avanzando desde hace años, década ganada incluida.
¿Qué hay, entonces, detrás de este conflicto?
No nos parece casual que éste se haya desatado menos de dos días después del anuncio, por parte del gobierno nacional, del Plan de Seguridad para la provincia, a través del cual se van a destinar al reforzamiento represivo casi 40 mil millones de pesos. Debe subyacer, entonces, una disputa por quién y cómo manejarán la gran parte de ese dinero, lo que se coloca en el centro de la disputa entre los varones del conurbano y la figura fuerte del gobierno provincial y ministro de seguridad, Sergio Berni.
Pero no sólo de dinero se trata este entuerto. No es ajena tampoco la necesidad de los uniformados de garantizarse un alto grado de impunidad con respecto a sus accionar. Teniendo en cuenta que cada vez se los requiere más por parte del gobierno, no sólo para la represión directa sobre cualquier reclamo popular (pongamos por caso, las tomas de tierras o la protesta frente la fuerte contaminación de la empresa Klaukol, por citar ejemplos de los últimos días). Sino también para la imposición preventiva de un alto grado de disciplinamiento social, sobre todo en los barrios periféricos de Buenos Aires y el conurbano y en su población joven.
En donde algunos quieren ver golpe de estado, entonces, lo que subyace es, más bien, un progresivo endurecimiento del régimen, de la mano de este mismo gobierno. Endurecimiento que se usará, como viene demostrándose, para acallar toda voz de protesta que surja desde los sectores oprimidos. Esto va acorde a la política represiva que se viene profundizando a nivel continental por parte de los Estados latinoamericanos, los cuales siguen la política fascistoide que viene aplicando el gobierno de Trump en EEUU, sintetizada en el slogan “la ley y el orden”, que busca aplastar la histórica rebelión de los oprimidos en la principal potencia mundial.
Y es justamente la bonaerense, la institución que comandó el planteo, una de las fuerzas represivas esenciales para esta tarea.
Siempre se la caracterizó como la organización delictiva más grande del país, pero, como bien señala Carlos Pagni en su editorial de La Nación del 10 de septiembre (1); hace unos años, esta organización creció aún más (numérica y delictivamente). En 2013, el gobierno de Scioli (haciendo gala de la mejor de los demagogias represivas) pasó de 40 mil efectivos a más o menos 90 mil, acortando los tiempos de formación y recurriendo para engrosar sus filas, ya no sólo a hijos de obreros sino también a los sectores que, después de la bomba arrojada por el menemismo, habían quedado excluídos, incluso, de la propia clase trabajadora. Es así que la “maldita policía” se transforma en un Laviatán sin dueño, con peso propio y problemas estructurales que están saliendo a la luz por estos días. Y es por ello que es vista por la propia burguesía con preocupación.
El hecho de que, en los últimos 4 años, haya habido casi 40 mil sumarios de Asuntos Internos en toda la provincia (más del 40% de la fuerza sumariada), está indicando que el ingreso masivo de estos sectores lúmpenes ha venido a desbordar los “márgenes aceptables” de chanchullos que, por otro lado, siempre existieron dentro de la institución policial.
A esto refiere, justamente, uno de los reclamos, intuimos, más sentidos en la tropa por estos días. La mayoría de los uniformados está jugándose en esta rebelión, además de unos pesos más a fin de mes, el grado de impunidad del que puedan gozar para seguir engrosando la “caja chica” (que a estas alturas no debe ser tan chica) y para seguir dando rienda suelta a su brutalidad innata contra los más débiles (el 20% de esos sumarios se reparten entre casos de abusos de poder y de violencia de género).
Como vemos, detrás de esta asonada son muchos los factores en juego. El manejo del dinero, las disputas internas de los sectores integrantes de la coalición gobernante; los reclamos de mayor impunidad por pate de los uniformados; la necesidad del gobierno de mantener un alto y creciente grado de control social sobre la población oprimida. Pero ninguno de estos factores, nos parece, está marcando la posibilidad de un golpe de estado en puerta.
Más bien, lo que todo nos está indicando, es la responsabilidad absoluta de este gobierno en el empoderamiento de la policía de los últimos meses, lo que hace que lleguemos a esta situación. El mismo gobierno que hoy intenta victimizarse y nos convoca a defender la democracia, pero que no duda en otorgarle a los supuestos golpistas cada una de sus demandas (no sólo la económica sino también el compromiso de no sanción de los “rebelados”). Y que, por si fuera poco, inmediatamente destrabado el conflicto, no duda en utilizar a la bonaerense para desalojar violentamente las tomas de tierras que estaban desarrollándose en La Matanza, entre otras.
Habrá que ver si quienes, durante los últimos días, se llenaron la boca en defensa de la democracia, estarán dispuestos a abrirla y movilizarse ahora que esta misma fuerza represiva vuelve a ser usada para reprimir a les trabajadores y el pueblo, o si callarán, como muchos lo vienen haciendo con la desaparición de Facundo Astudillo y el hostigamiento e incluso la muerte de decenas de jóvenes en la provincia a manos de los uniformados, entre los que contamos, en nuestra ciudad, a Ulises Rial y Ezequiel Corbalán.
1- https://www.lanacion.com.ar/politica/el-motin-pitufos-nid2445559
