Por Miguel Espinaco (miguelespinaco@gmail.com)
Hace no demasiado tiempo muchos hubieran puesto el grito en el cielo, pero ahora parece ser que el capitalismo los domesticó bien domesticados y que todos están dispuestos a tomar con naturalidad que venga una empresa y obtenga el decreto que les hacía falta para eximirse de cualquier responsabilidad por sus actos, para asegurarse que cobrarán caiga quien caiga.
No es que sea nuevo, de ninguna manera: el Estado ha sido siempre –más o menos– la escribanía de las empresas más poderosas que imponen sus condiciones para invertir, para vender, para hacer obra pública, para financiar partidos, para lo que sea que les haga falta para ganar más plata. Pero antes –hace no demasiado tiempo- cuando pasaban cosas como esta, se escuchaban voces discordantes: nacionalistas, progresistas, peronistas de los de Perón y los no tanto, que gritaban «comopuedeser«, «québarbaridadquepaseesto«. Ahora, se escucha apenas el silencio.
La secuencia de los hechos ha sido bastante clara y transparente: el tema los habían adelantado los muchachos de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich a la cabeza allá por el mes de marzo. Para que quedara claro que ellos estaban prestos a bancarle los trapos a Pfizer, escribieron en un documento público que estaban dispuestos a “colaborar para solucionar los problemas normativos”, porque “resulta imperioso revisar el articulado y retomar el diálogo para proveernos de las vacunas que nos hacen falta.” O sea las de Pfizer.
Por aquellos días, el diario oficialista Página 12 todavía se escandalizaba de estos dichos y explicaba que “con el comunicado el PRO hizo un lobby por Pfizer, pero no es la primera vez”, al tiempo que un asesor de Kicilloff quizás exageraba un poco contando que Pfizer pedía “petróleo y glaciares”.
Un mes atrás el gerente general de Pfizer en Argentina Nicolás Vaquer aclaró más las dudas diciéndoles a los diputados que “hoy el marco legal no es compatible con alguno de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer”, y aclaraba que la incompatibilidad tenía que ver “con la indemnidad y otras protecciones que son parte del marco contractual”.
Que buena actriz es Michelle Pfizer
Allá quedó, no muy lejos en el tiempo, Ignacio Copani y su cancioncita que ridiculizaba la obsesión opositora con Pfizer. Es de suponer que el cantautor habrá sido uno más de los tantos que habrán mirado sorprendidos que de pronto era su propio gobierno -el de Alberto Fernández– el que se ponía al frente del lobby de la empresa norteamericana, con el dictado del decreto 431 que escribía punto por punto, lo que la farmacéutica le había dictado.
Para colmo de males, lejos de explicar que se trataba de un retroceso o de pintarlo como una concesión inevitable, los mismos que antes se reían de los periodistas de TN que repetían cada dos frases la palabra Pfizer, nos explican ahora que esto es parte de un inteligente plan para contar con vacunas: “se genera un marco legal superador para adquirir todas las vacunas y para todas las edades” nos explica Vilma Ibarra, principalísima asesora de Alberto.
Este Decreto –el 431– viene a hacer agregados y modificaciones a la ley 27.573 llamada “ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”. Cuando uno hace un repaso del articulado del decreto, descubre que se trata de una adaptación de la ley a lo que la empresa Pfizer exige para vender sus vacunas, una especie de borrón y cuenta nueva para que el negocio avance viento en popa.
Las modificaciones van en dos sentidos y conviene no confundirlos: por un lado las garantías que se le dan a Pfizer de que va a cobrar y por otro, las garantías que se le dan a Pfizer de que cualquier efecto inesperado que la vacuna produzca en los usuarios, nadie le va a reclamar que se haga cargo.
Para pagarte mejor
Ya en la ley modificada se renunciaba a la inmunidad soberana, cuestión que es costumbre en la emisión de bonos de la deuda externa. Renunciar a la inmunidad soberana es aceptar que el Estado Argentino pueda ser juzgado en el extranjero, tema que se meneó bastante cuando fue lo de los fondos buitres y el recordado Juez Griesa. O cuando retuvieron la Fragata Libertad en Ghana.
La ley ahora modificada en la parte relativa a las garantías otorgaba ya esa posibilidad a Pfizer, la de poder hacerle un juicio de cobro al estado argentino ante un tribunal extranjero. Lo decía en el artículo 2do que autorizaba a poner “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero”, mientras que el artículo 3ro es el que ponía los límites a esa renuncia a la inmunidad soberana, para que a nadie se le ocurra querer cobrarse con el edificio en el que funciona una embajada argentina, por ejemplo.
Esos límites fueron recortados ahora por el Decreto. El caso más resonante ha sido el de la eliminación de la palabra regalías, que podría posibilitar que Pfizer se cobre de las ganancias del petróleo argentino (está en debate si esto podría afectar incluso a las regalías provinciales), pero también se ha eliminado el inciso k) que sacaba del juego a “los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable”.
Da la impresión que esta formulación tan vaga preocupaba a Pfizer, que quiere un amplio e inamovible menú de activos para asegurarse sus ganancias, no vaya a ser cosa.
El que rompe no paga
Si todo esto es ya de por sí grave, la modificación del artículo 4to no trata ya de inmunidad sino de otra palabrilla que suena parecido: impunidad.
El artículo original de la ley autorizaba ya al Poder Ejecutivo a firmar “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas”, para que si la vacuna te produce algún efecto secundario, incluso si te mata, no vayas a golpearle la puerta a Pfizer para reclamarle nada.
Ese mismo artículo ponía algunas excepciones por las que sí se podía reclamar: maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia.
Y resulta que justamente esta última, la palabra negligencia, desapareció del texto, lo cual no es poca cosa porque negligencia es otra forma de llamar a la mala praxis, es en este caso un sinónimo de mala praxis.
O sea que si un médico es negligente y te morís, el tipo se hace cargo, pero si los que investigan, desarrollan, fabrican, proveen y suministran la vacuna – o sea los muchachos de Pfizer – son negligentes, no tendrán que poner una moneda.
¿Quién se hace cargo entonces?
Sí señor, exactamente: el Estado Argentino. Porque mediante unos artículos nuevos que el decreto agrega a la ley, se crea el Fondo de Reparación Covid 19, destinado a aquellas personas que padezcan un daño en su salud física o se mueran, como consecuencia directa de la aplicación de las vacunas.
A pesar de todo esto, el diario Página 12 no volvió a usar la palabra lobby y optó por titular “se abre la puerta para vacunar a los más chicos”. A pesar de todo esto, Ignacio Copani no ha presentado todavía ningún nuevo tema musical adaptado a la nueva situación, aunque es bastante factible que como tantos otros elija llamarse a silencio, sumarse al silencio que –hay que decirlo– ya suena bastante incómodo.
