Nota publicada por La luna con gatillo
Mientras Córdoba se prende fuego con el peor presupuesto para prevenirlo, Argentina figura como el segundo país con mayor tasa de fugadores de billetes. Entre ellos: los dueños de los alimentos procesados y de las principales vacunas, que operan como lobby para frenar, entre otros, el avance a una alimentación más sana. El escape de monedas es parte de una economía estancada que forja una base de trabajos comunitarios, como contracara del robo fashion.
Por Lea Ross | Ilustración: @nico_mezca
Los incendios en el norte cordobés surgen con el peor crédito de los últimos 15 años para prevenir y combatir el fuego. Así lo revelan los cómputos de las ejecuciones presupuestarias anuales de la Provincia de Córdoba, que lo mide en pesos argentinos nominales. Pero si lo convertimos a dólares, para medir la capacidad adquisitiva, vemos que para todo el año están depositadas en la cuenta unos U$S 5 millones. Hay que remontarse al año 2005, recién surgía el Plan de Manejo del Fuego, cuando arrancaba con unos U$S 874 mil. La gráfica de abajo muestra la evolución de esos créditos anuales (línea verde), junto con lo ejecutado de ese monto hasta el mes de junio de cada año, que es aproximadamente el inicio de los riesgos de incendio. Como podemos contemplar, el saldo de la cuenta ha tenido una tendencia a la baja. Por su parte, vemos que lo pagado a mitad de año se ha mantenido estable, según la línea bordó.
Sin embargo, los descomunales incendios que ocurrieron el año pasado, las más magnánimas del siglo, y las de éste año, que serán recordado como las que más victimas fatales generó en poco tiempo (tres en total), ocurren en el marco mundial de los llamados incendios de la quinta generación. Esto serían focos de mayor tamaño y que fluyen de manera simultánea, ayudado por el cambio climático. Incluso, en Europa, se está advirtiendo el posible surgimiento de incendios de “sexta generación”, que directamente tienen capacidad para modificar la meteorología del territorio. Todo eso no logra expresarse en la evolución presupuestaria de la provincia, en tiempos donde la merma de fondos tienden al ritmo de las offshore.
La plata y la medalla de plata
Los Pandora Papers -como así también lo eran los Panamá Papers, los Bahama Papers, los Paradise Papers, etc.- son un concepto, una noción o una idea sobre cómo funciona el mundo. El amontonamiento de 12 millones de archivos filtrados, que documentan la existencia de nuevas empresas ocultas en guaridas fiscales (o tax haven en su nombre en inglés, y que debido a la confusión con heaven llevó a la errónea traducción de “paraíso fiscal”), exponen las goteras de un techo rebalsado por el propio funcionamiento capitalista. Un fenómeno que Argentina no es ajena, a tal punto que se sacó una conclusión (también errada) que seríamos el tercer país del mundo con más personas que ocultan sus bienes en el extranjero, cuando en realidad se reduce solo a los casos del reciente destape, que son gotitas que provienen de una enorme masa de agua acumulada en la azotea.
Ahora bien, si a esa cantidad de beneficiarios finales de cada país en ese trending topic lo adaptáramos por el tamaño demográfico respectivo, veremos que en nivel de casos de millón de habitantes, Argentina figura en el puesto número dos dentro de lo obtenido por los Pandora Papers, por debajo de la particularísima isla de Chipre. Allí, nuestro país sigue compitiendo palo a palo con el Reino Unido y manteniendo una situación casi seis veces más alejada que nuestro vecino Brasil, aún cuando ha sido sede del escándalo Odebrecht, donde la transferencia de coimas a funcionarios se canalizaba por canaletas offshore. Y finalmente, la potencia mundial de China se la contempla con una tasa muy diminuta, aún con su inmensa población.
En este 2 a 1 contra los ingleses se ventila que ellos tampoco ven con indiferencia éste fenómeno inherente a los mercados globales. De hecho, dos años atrás, el Partido Laborista Británico realizó ésta ingeniosa campaña entre Batman y el Guasón sobre la injusticia de éstas herramientas financieras. Con el riesgo de que el humilde servidor sea sospechado de tener un enorme peso en la edad más que en los bolsillos, todavía aquí espera la versión de Super-Hijitus, esbirro del multimillonario Gold Silver, contra el desequilibrado Dr. Neurus.
Zonas rojas, guantes blancos
En junio de 2016, el presente cronista había realizado un análisis de los más de 770 domicilios de la República Argentina que estaban guardados en los Panamá Papers. Se trata de direcciones particulares, donde habitarían lxs dueñxs de distintas sociedades offshore, de los cuales 30 se localizan en la provincia de Córdoba; 26 son de la ciudad capital, cuya localización se exponen en el siguiente mapa.
Más de la tercera parte de los casos está concentrada en la región noroeste de la ciudad, en los barrio Cerro de las Rosas, Villa Belgrano y Alto Verde. La expansión urbana en esa zona se fue agudizando en las últimas décadas, acompañada de la construcción de barrios privados en las afueras de la ciudad, en una suerte de transición entre los countries norteñas y el centro de la ciudad capital. Bajo las comodidades que mantiene la región, la zona ha estado acompañada de un crecimiento comercial para los vecinos. A su vez, otra tajada importante se encuentra en los alrededores del centro de la ciudad. De hecho, Nueva Córdoba ha sido el barrio que ha recibido un gran porte del boom inmobiliario, originario de la renta extraordinaria de la soja, pegado a la zona de la “city cordobesa” financiera. Los domicilios del noroeste y del centro concentran la mitad de todos las direcciones cordobesas registradas en los Panamá Papers.
Todo esto expone la interrelación entre la corrupción y el territorio. El crecimiento y desarrollo urbanístico va en paralelo con el acomodamiento de figuras que logran circular grandes cantidades de dinero, sospechada de manera clandestina.
Los Panamá Papers conforman un verdadero GPS para localizar las “zonas rojas” donde conviven los ladrones de guante blanco.
Glotones
Arcor y Aceitera General Deheza son las dos principales empresas de alimentos de la provincia de Córdoba. Sus dos dueños, Luis Pagani y Roberto Urquía, están dentro del top ten de los principales multimillonarios de la Argentina. Son uno de los tantos que ven con malos ojos la posible aprobación a la Ley de Etiquetado de Alimentos. Y en ambos, sus familias están involucradas en los negocios de las guaridas fiscales.
Según los registros del Estado de Florida (Estados Unidos), uno de los distritos predilectos para registrar sociedades en secreto, Luis Alejandro Pagani comparte con su esposa, María Eugenia Novoa, el paquete accionario de la empresa Li Atlantic Investment LLC, creada en noviembre de 2012, teniendo a Sergio Limonti, gerente en Arcor en Estados Unidos, como su agente. En los Panamá Papers, la pareja Pagani-Novoa también comparten la firma Roquel Properties LTD., registrada en las Islas Vírgenes Británicas y creada el 2 de abril de 2012. Como un chiste de pésimo gusto, ésta firma bajo la órbita de la corona británica se hizo justo en el aniversario 30 de la Guerra de Malvinas. A su vez, Luis y su hermano Alejandro Gustavo Pagani son socios y beneficiarios del Quinam Investments LTD., creado un mes después del Roquel, el 2 de mayo de 2012, también en las Islas Vírgenes Británicas.
Otros integrantes de la familia Arcor son Liliana María Pagani y Mario Enrique Pagani, que registraron Karoby Consulting Limited y Lafico Group Limited en la misma fecha que Quinam y en el mismo archipiélago colonizado. Todas las compañías británicas se computaron en un domicilio de Uruguay: Dr. Luis Bonavita 1294, registrado a nombre del matrimonio Víctor Daniel Martín, ejecutivo de Arcor, y Claudia Elena Bassano. Ambos también tienen su propia offshore británica, Ragley Enterprises Inc., también creada el 2 de mayo de 2012, y tienen una firma local llamada ISAV SA, con sede en el Complejo Capitalinas de ciudad de Córdoba.
Y en el caso de Aceitera General Deheza, no se tiene a mano sociedades en guaridas fiscales a nombre de Roberto Urquía, pero sí de sus socios y familiares. Su hermana Adriana Urquía y su esposo Miguel Acevedo, integrante de AGD y ex presidente de la Unión Industrial, son integrantes de cinco sociedades offshore, creadas a finales del año 2013, en Florida. La primera es del primero de agosto y luego disuelta el 29 de septiembre del año siguiente, y se llamó Oceana 906 B, LLC. El 20 de agosto, Acevedo y Urquía crearon Tamma Investments LLC. También está Jade 2204 LLC, registrada el 18 de noviembre; un día después, crearon Jade 1002 LLC. Finalmente, la última fue Oceana Bal Harbour 1202 SE-M, creada el 19 de diciembre. Todas fueron firmadas por el asesor Álvaro Castillo, bajo el domicilio de la Avenida Brickell al 1390, en el Suite 200, en Miami. Según los Panamá Papers, el tal Álvaro Castillo utilizó esa dirección para el armado de empresas “fantasmas”, de las cuales no se sabe quiénes son sus dueños, ni siquiera de dónde provienen. Encima no solo tiene conexiones con Estados Unidos, sino que también con las Islas Vírgenes Británicas y Taiwán.
Inyecciones
El día que se destaparon los Pandora Papers, que fue el domingo pasado, el humilde servidor publicó en su cuenta de Facebook que en el Registro Público de Panamá figuraba una empresa offshore llamada KEP SA, registrada en 2006 y disuelta en 2009, y que estaba a nombre del multimillonario farmacéutico local Hugo Sigman, creada por el bufet Alcol, donde provino la mayoría de los documentos filtrados.
El viernes pasado, los colegas que trabajaron en esos papeles especificaron que KEP tuvo como accionistas a dos compañías: Kevilmare Holding GmbH y Faro Investments GmbH. La primera está radicada en Austria, es la “madre” del grupo empresarial de Sigman, que opera en 50 países a través de 150 sociedades, y en 2020 cambió su nombre a Grupo Insud GmbH. La segunda tiene su sede en Viena y hay poca información al respecto.
Según los Pandora Papers, en 2008, Sigman giró U$S 120 millones desde las dos firmas hacia Kep SA. El 3 de abril de 2009, su dueño decidió disolverla. Sin embargo, la administración panameña lo oficializó el 20 de noviembre. Justo el mismo día en que el Ministerio de Salud de la Nación Argentina llamó a licitación para la construcción de una planta fabricadora de vacunas en la localidad de Garín. En menos de un mes, la ganó el consorcio de Novartis, de capitales suizos, y las locales Biogénesis Bagó y laboratorios Elea, ambos del emporio Sigman. Desde entonces, bajo el nombre de Sinergium Biotech, cada vacuna fabricada fue comprada por el Estado, por orden del Calendario Nacional de Vacunación. Quien se hizo cargo de aquella licitación fue el ministro de la cartera Juan Manzur, actual jefe de gabinete.
Finalmente, tanto el sector concentrado alimenticio -con las cordobesas Arcor y AGD, la santafecina Vicentín, la jujeña Ledesma, entre otros- como el sector concentrado farmacéutico -con Sigman a la cabeza- conforman un lobby que se nuclea en la Cámara de Biotecnología, para operar las políticas públicas que las benefician (como asegurarse la compra de sus medicamentos), repeler aquellas que las perjudican (como la Ley de Etiquetados) o mantener el panorama jurídico tal como ésta (aquella que le permite seguir fraguando billetes al exterior).
Choriplaneros
La fuga y ocultamiento de billetes llevan a una escasez de fondos en el país que, entre otras consecuencias, desacelera la inversión de capitales privados para la productividad y generación de empleos. Eso desencadena que millones de personas ejerzan sus propias fuerzas productivas para emprender trabajos comunitarios, sin recurrir al capital privado. De hecho, los movimientos populares que emprenden estos trabajos de la economía popular realizaron un plenario en el Estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos, que contó con la participación del presidente Alberto Fernández. El evento, que convocó a cuarenta mil personas, se dio en el marco de la crisis interna del Frente de Todxs, en el ínterin electoral, donde dentro del giro conservador del gabinete, una franja de la misma, encabezada por Sergio Massa, propone “reemplazar los planes sociales por trabajo”.
Con micrófono a mano, el mandatario declaró en una suerte de aclaración: “Cuando digo que quiero cambiar planes, no quiero cambiar planes por trabajo. Porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo para que, de una vez por todas, todos tengan los derechos de un trabajador formal”.
Según un artículo de Nicolás Salas, para el portal ANRed, a la hora de analizar el proyecto de ley del Presupuesto 2022, donde incluye un balance financiero de lo que fue el año 2021, puede verse que el “Potenciar Trabajo” tiene un presupuesto total de $83.500 millones, un 0,2% del PBI, destinado a unas 950 mil personas que trabajan en el barrido, el reciclado, la producción de alimentos, la construcción, etc.
Por otro lado, tenemos los “planes” que lanzó el Estado para los empleadores de empresas privadas, como fueron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), reemplazado por el programa de Recuperación Productiva (REPRO II), para ayudarlos en el pago de remuneraciones a su personal, que implicó un total de $ 80.147 millones, 4% menos que el Potenciar Trabajo pero abarcando a menos de la mitad de trabajadores/as: 420 mil personas. Si sumamos los $14.400 millones para contribuciones patronales y las $11.774 millones para programas de generación de líneas de crédito implicaron un total de $106.321 millones. Un 27,3% por arriba del Potenciar Trabajo.
No está demás en recordar que se constató que al menos 2.000 empresas usaron esos fondos girados por el Estado, en particular las ATP, para la compra de dólares y las apuestas en la timba financiera. Por si fuera poco, los beneficiarios de esos planes fueron grandes compañías como Clarín, Techint, Volkswagen, entre otros. “El caso del grupo mediático fue de los más resonantes ya que pidieron la asistencia al Estado cuando venían de fugar 650 millones de dólares, y muchas de sus empresas, como Cablevisión Holdings, mostraron un incremento en sus valores del 77% desde el inicio de la cuarentena”, señaló ANRed.
Pero también, son las mismas empresas que vienen recibiendo subsidios de distinta índole por parte del Estado, que luego terminan escondidos en cuevas fiscales, que luego adquirieren su exposición pública como las que acaba de ocurrir.
