El pasado viernes la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia reconoció su competencia sobre los delitos políticos que se le imputan a Facundo durante su participación en las FARC-EP. Rechazó la JEP el pedido de extradición reconociendo el riesgo de vida que implicaría el traslado de Facundo a Colombia, donde más de 300 ex combatientes (y varios centenares de líderes y lideresas sociales) han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana. Prima, entonces, seguir la pelea por su inmediata liberación.
