En la editorial de Borrador Definitivo del pasado sábado 9 de septiembre, debatimos sobre cómo el estado responde con represión a las tomas de tierras por parte de familias que no tienen dónde vivir. Después de la emblemática toma de Guernica, las ocupaciones de tierras continuaron en la provincia de Buenos Aires como en todo el país, y la salida represiva continuó siendo la única ofrecida.
Te invitamos a escucharla:
- En la última semana hubo, en la provincia de Buenos Aires, dos represiones a tomas de tierras. Una en la ciudad de San Nicolás, donde 50 familias quedaron en la calle, familias a quienes alguien les había vendido el trozo de terreno que habitaban, situación que no les sirvió ni como defensa ante la represión policial ni como reclamo ante instancias judiciales. La otra se dio en el municipio de La Matanza, en el barrio Unión y Fuerza.
- Ambas represiones fueron sumamente violentas por parte de la policía provincial, y en ambos casos se registraron heridos con balas de plomo.
- Los últimos datos que registran, en números, el déficit habitacional en la Argentina corresponden al censo de 2010. Estos arrojan que el 35 % de los núcleos familiares no cuenta con casa propia o en condiciones de ser habitada, esto suma 3,8 millones de familias en todo el país.
- Pero el censo posterior a éste, el de 2022, arrojó que en ese año la construcción de viviendas superó el crecimiento de la población en 28 % contra 14 %. Esto da como resultado que, sobre todo en los centros de las grandes urbes, existan cientos de miles de viviendas ociosas; mientras por otro lado, hay personas que no tienen dónde vivir. Hay en el país una vivienda cada 2,6 personas.
- A esta situación hay que sumarle el dato de los niveles de pobreza que año a año arroja el Indec, calculados sobre el valor de una canasta básica que no contempla el pago de alquileres.
- Para poner un ejemplo, consideremos que en la ciudad de Rosario, el costo de un departamento de dos ambientes ronda los 100 o 150 mil pesos mensuales. Y que, al pago del primer mes, se le suma al ingresar el pago de comisiones, depósitos, sellados, mudanza, etc. Esto explica por qué muchas familias no ven otra salida que ocupar terrenos inhabitados o “comprar” parcelas a bajo costo, aún a sabiendas de que seguramente están siendo estafadas.
- Ante esta situación, la respuesta del estado es la que mencionábamos anteriormente: la represión para quienes ocupan terrenos ociosos y los beneficios para empresarios que especulan con los negocios inmobiliarios que, en muchos casos, también son formas de lavado de dinero.
- En este último caso entra la construcción de viviendas de lujo, propiedad de grandes capitalistas. Al mismo tiempo que la construcción de viviendas “sociales” da como resultado, en realidad, viviendas “antisociales”, porque reproducen el hacinamiento y la aglomeración de personas que ya es clásica en las grandes ciudades y que no hace nada bien a la salud física y mental de sus habitantes.
- Toda esta situación se enmarca en un contexto extractivista que, tal como marcaba Guillermo Folguera en la entrevista que le hiciéramos hace algunas semanas, funciona como una política demográfica. El avance del extractivismo en el interior del país en los últimos 50 años aproximadamente, ha destruido las economías regionales y deshabitado los territorios; y ha empujado a cientos de miles de personas a emigrar a las grandes urbes del centro del país, que están superpobladas; donde viven hacinadas y subsistiendo en muchos casos con trabajos en condiciones de absoluta precariedad.
