Para sumar tu firma, visitá este link: Absolución para Ana Contreras
Ante el ataque a quienes se atreven a hablar del genocidio contra el pueblo palestino, desde Borrador Definitivo no podemos más que solidarizarnos y denunciar esto. Así lo hicimos cuando el Poder Judicial enjuició a Alejandro Bodart y hoy que arremete también contra Vanina Viasi.
De la misma forma, nos solidarizamos y reclamamos la absolución de Ana Contreras, una docente condenada por hablar en el aula de Palestina, en el contexto de una clase sobre Derechos Humanos, terrorismo de estado y el derecho internacional humanitario.
Compartimos la carta que está circulando reclamando su absolución.
Absolución para Ana Contreras: un ataque a la libertad de expresión en el aula
El pasado 9 de abril, el juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, La Pampa dictó una sentencia inédita y alarmante: una docente, Ana Contreras fue multada con casi un millón de pesos y sancionada penalmente por abordar en el aula saberes sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario. Hoy lanzamos un llamado urgente a la acción: necesitamos el respaldo masivo de organizaciones sociales, sindicatos, periodistas, medios de comunicación y figuras públicas para frenar este ataque a la educación pública, laica y gratuita. El plazo es crítico: la defensa de Ana presentará la apelación en los próximos 5 días (venciendo el miércoles 16 de abril), por lo que la difusión inmediata y la presión colectiva son esenciales.
La figura utilizada para imponer esta pena fue la de “maltrato psicológico”, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica.
La condena a Ana no es un caso aislado, sino la manifestación visible de un problema más profundo. Durante más de un año, fue sometida a un agotador proceso judicial que, tras culminar en un juicio y una sentencia condenatoria, dejó secuelas en su salud mental, compromete su situación económica y su trayectoria profesional. Sin embargo, el impacto trasciende lo individual: esta decisión judicial envía un alarmante mensaje colectivo al sistema educativo, donde el ejercicio de la enseñanza crítica podría convertirse, en la práctica, en un acto punible.
El denunciante, padre de dos alumnas, ya había intentado impedir previamente contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), pese a que estos están garantizados por la Ley Nacional 26.150. Este patrón de denuncias revela una estrategia sostenida: usar el sistema judicial para imponer una agenda ideológica en las escuelas, vulnerando tanto la libertad docente como el marco normativo vigente que concibe que los alumnos son sujetos de derechos no propiedad de sus progenitores.
La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza.
