Foto: Gentileza Campo Maripe
y La Izqiuerda Diario
Por Esteban Martine / LID.- La industria hidrocarburífera neuquina registró al menos 9242 incidentes ambientales desde 2015. El ritmo de los derrames de crudo, agua contaminada, fugas de gases y otros desastres, se duplicó en los últimos cinco años. La información fue obtenida por el diputado Andrés Blanco.
Todos los meses, airosos funcionarios anuncian los récords que bate Vaca Muerta. El último fue el de abril: 264 551 barriles de petróleo y 78,32 millones de metros cúbicos de gas por día salieron de Neuquén, en su mayoría de explotaciones no convencionales, con el método del fracking. Las petroleras se frotan las manos con cada misil que vuela en Ucrania, cada audiencia en Buenos Aires para ajustar las tarifas de la energía y cada remarcación en los surtidores de naftas. Cuentan los dólares, ansían la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y aplauden las nuevas medidas del gobierno nacional que van en el sentido, justamente, de disponer libremente de divisas y llevárselas como por un tubo a sus casas matrices y paraísos fiscales.
Hay un récord del que nadie habla. Ni el gobierno provincial, ni el nacional, ni las empresas que fracturan y facturan en Vaca Muerta. Los incidentes ambientales en la industria hidrocarburífera de Neuquén que crecen y crecen.
Desde 2015 y hasta marzo de 2022 se registraron 9242 incidentes ambientales en la industria del petróleo y el gas de Neuquén. En 2018, un medio de comunicación local publicó información sobre el tema, pero nunca más se volvió a actualizar la cifra. Los datos que hoy publicamos surgen de un pedido de informes a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia realizado por el diputado del PTS – Frente de Izquierda, Andrés Blanco. El Observatorio Petrolero Sur colaboró en procesar la información, con la que hoy podemos hablar sin lugar a dudas de un nuevo récord. Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8.
Pero antes de avanzar, son necesarias algunas aclaraciones. La información que analizamos la compila la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales en base a los hechos declarados por cada empresa operadora. Como se verá más abajo, en la mayoría de los casos las empresas no declaran las magnitudes de los incidentes.
Dentro de los archivos analizados, no se determina el alcance de dos de los principales desastres ambientales de la historia de Vaca Muerta, que superan por mucho la suma de los incidentes analizados. El ocurrido el 19 de octubre de 2018 en el yacimiento Bandurria Sur, operado en ese entonces por YPF S.A. en asociación con la norteamericana Schlumberger, y el incendio del 15 de septiembre de 2019 en un pozo de Loma la Lata Oeste, operado por YPF. En el primer caso, según YPF y el gobierno provincial el desastre afectó 47,6 hectáreas, mientras que para Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) se trató de al menos 80 hectáreas afectadas. De la zona del derrame se succionaron 4076 m3 de hidrocarburos. Pero además hubo que remover 22.529 m3 de suelo contaminado. En el segundo, las llamas alcanzaron los 30 metros, a escasa distancia del lago Los Barreales, y fueron controladas luego de un mes por la firma estadounidense Wild Well Control (Control de Pozos Salvajes). “Es difícil medir el nivel de contaminación, porque son millones de metros cúbicos quemándose”, afirmó en su momento Martín Islas, del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén. ¿Cuántos millones de metros cúbicos? ¿Se llegó a contaminar el lago? Ni YPF, ni el gobierno lo informaron nunca.
Cabe aclarar también que el informe de incidentes no incluye nada relacionado con la inyección de agua contaminada en pozos sumideros, la aparición de sismos inducidos o el desastre de los basureros petroleros que acumulan millones de metros cúbicos de residuos tóxicos contaminando el suelo y el aire. Por eso tampoco incluirá incidentes como el incendio en la planta de Añelo del basurero COMARSA el 18 de enero de este año, luego del cual la Subsecretaría de Ambiente autorizó a la empresa a enterrar “aproximadamente 1000 toneladas de residuos” sin tratamiento en Planta de Disposición Final. No fue la primera vez: en junio del 2019 COMARSA fue autorizada a enterrar unos 200 000 m3 de residuos sin tratar.
Un verdadero desastre ambiental
Los incidentes declarados por las empresas son de distinto tipo: derrames de crudo, de agua de producción, de fluidos con concentraciones de hidrocarburos, de lodos, de gas oil, de productos químicos, de aceite hidráulico, de lubricantes, combustibles, y de aceite refrigerante; fugas de gases; principios de incendio; y “blow out” (o “reventón”, como se denomina a la pérdida total del control de los pozos que produce una liberación descontrolada de petróleo y/o gas).
Desde 2015 hasta la actualidad los incidentes no dejaron de aumentar al ritmo del desarrollo de Vaca Muerta, con la (moderada) excepción de 2016 y 2020, años en que los precios de los hidrocarburos llevaron la actividad a la baja. En 2015 fueron 863 y en 2021 alcanzaron los 2049: un aumento del 137%.
El marcado incremento desde 2017 en adelante coincide en el tiempo con la aplicación de la adenda flexibilizadora del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato Petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa (CCT N°644/12), firmada el 31 de enero de ese año. La modificación impulsada por Macri y el entonces Ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex-CEO de Shell) junto al gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y el secretario general del Sindicato, Guillermo Pereyra, incrementó los riesgos y accidentes laborales en el sector no convencional al reducir dotaciones, aumentar la tolerancia para el trabajo con vientos de hasta 60km/h, implementar la polifuncionalidad y las “tareas simultáneas”, entre otras cosas. Desde ese momento murieron en los yacimientos ocho trabajadores: Agustín Navarrete, Matías Sánchez, Daniel Torres, Miguel Angel Fernández, Mario Segura, Ariel Marcelino Sajama, Maximiliano Francisco Zappia y Cristian Nicolás Baeza. En 2020, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández, la crisis fue aprovechada nuevamente para ratificar la flexibilización de 2017 y extender las condiciones de “la adenda” a la actividad convencional. ¿En cuántos de los incidentes se habrán registrado accidentes laborales?
Los incidentes son tanto en áreas no convencionales (2251) como en las convencionales (1535) y en aquellas híbridas (3260), donde el fracking se superpone con yacimientos de explotación tradicional. Sin embargo, la fractura hidráulica, como técnica extrema de extracción de hidrocarburos, con su inyección de millones de litros de agua por pozo, la utilización de productos químicos tóxicos y de presiones exorbitantes, puede ser señalada como la principal responsable.
Por un lado, la aceleración con la que creció la explotación no convencional aumenta los riesgos. En 2016, en Vaca Muerta se concretaron en promedio 143 etapas de fractura por mes. En diciembre de 2021 fueron 1118. Las empresas celebran haber pasado de 4 o 5 fracturas por día en un pozo, al récord de 13. Algo similar ocurrió a partir de la extensión de las ramas horizontales de los pozos (que pueden llegar a los 3750m), pasando de 73783 m de perforación mensuales en diciembre de 2017, a 141 258 m en el mismo mes de 2021. A su vez, con el objetivo de reducir costos se están aplicando nuevas técnicas más virulentas, como la fracturación simultánea de pozos conocida como “simul frac”.
Ese crecimiento no solo genera más riesgos en los propios pozos, sino que pone en tensión la infraestructura heredada de la explotación convencional, que además recibe una menor porción de las inversiones de las empresas. Esta tensión se pudo constatar a fines de 2021 en el derrame ocurrido en Catriel (Río Negro), relacionado con el cuello de botella que los volúmenes crecientes de producción generaron en el transporte de hidrocarburos.
Entre las empresas responsables de los incidentes, se destaca YPF S.A., y le siguen Pan American Energy (PAE), Chevron, Vista Oil & Gas, y Tecpetrol. La petrolera con mayoría estatal (y un 49% de accionistas privados, entre los que se encuentran algunos de los más grandes fondos de inversión de Wall Street) tiene una participación preponderante en la actividad. Sin embargo, no podemos afirmar que no haya una subrepresentación del resto de las empresas privadas, ya que el dato se construye a partir de la declaración de cada empresa.
En el caso de los derrames de crudo, el ranking lo encabeza YPF, y le siguen Oilstone, Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol y PAE.
Algo similar ocurre con los derrames del agua de producción, que en cada perforación se mezcla con aditivos químicos y arenas silíceas. Encabeza YPF, y le siguen Chevron, PAE, Pluspetrol, Oilstone y Tecpetrol.
Otro de los tipos de incidentes más frecuentes es el de las emisiones de gases. Optamos por denominarlas fugas de gases para no confundir el dato con la emisión total de gases de efecto invernadero asociados a la producción, procesamiento, transporte y consumo de los hidrocarburos. Las pérdidas no son de gas quemado, sino mayormente de gas metano sin combustión, que tiene un mayor potencial de efecto invernadero y por lo tanto aporta más que la quema de gas natural al calentamiento global.
En el caso de las fugas de gases, las empresas que declararon los volúmenes fueron Tecpetrol, Pampa Energía e YPF S.A.
Entre los yacimientos con más incidentes declarados, se destaca por sobre el resto Chihuido de la Sierra Negra (1151), en la zona de Rincón de los Sauces, donde también se ubican Puesto Hernández (506), Lomita Sur (374) y El Trapial (361). Chihuido de la Sierra Negra es un yacimiento histórico, hasta 2019 dedicado exclusivamente a la explotación convencional. El segundo puesto lo ocupa Loma Campana (828), el yacimiento en el que inició el fracking de la mano de YPF y la norteamericana Chevron.
La mayor cantidad de incidentes ocurre en pozos, seguidos por los incidentes en plantas, líneas de conducción, baterías y ductos.
Los ceros más dudosos (o lo que las empresas no declaran)
De los 7184 incidentes registrados desde 2017 a 2021, 4706 informan haber afectado 0 m2 de superficie. En el caso de las emisiones de gases, esto podría resultar coherente. Pero 2228 de esos incidentes fueron derrames de crudo, 980 fueron derrames de agua de producción, 69 derrames de productos químicos, 60 derrames de lodos, entre otros. Se trata de un fenómeno al menos curioso.
Del total de los 5970 derrames, 3501 (un 58,6%) informan haber afectado una superficie de 0 m2. 2278 los provocó YPF S.A.: 745 en Chihuido de la Sierra Negra, 345 en Puesto Hernández, 288 en Lomita Sur, 113 en Loma Campana, entre otros. Otras de las empresas que aparentan derramar sobre la nada son Vista Oil & Gas, del “mago” Galuccio (272 incidentes), Chevron (272), Pan American Energy (205) y Tecpetrol (147).
En el caso de las fugas de gases, de las 1207 detalladas para 2017 – 2021, son 1192 (98,6%) las que tienen un volumen informado de 0 m3. 1168 de esas emisiones fueron responsabilidad de YPF S.A., y la inmensa mayoría se produjo en tres de los principales yacimientos no convencionales: Loma Campana (627), La Amarga Chica (288) y Bandurria Sur (144).
El promedio de los 17 incidentes en los que sí se consigna volumen de gas emitido, es de 41 789m3. Es decir que, si asignamos el volumen promedio a cada fuga de gases sin volumen informado, estaríamos hablando de un total de 49 812 488 m3. Sin embargo, incluso entre esos incidentes hay datos por demás llamativos: el 15 de noviembre de 2017, en el yacimiento Aguada Toledo, YPF. informa la emisión de 80 000 m3 de gas. Número redondo. Lo notable es que ese volumen se habría emitido por día, sin aclarar durante cuántos días. Una semana después, en el mismo yacimiento, YPF informa la emisión de 13 333,333m3 de gas (otra cifra curiosa).
Terminar con el saqueo
Desde sus inicios, el impulso del fracking fue política de Estado, sin reconocer grieta alguna y obturando cualquier debate serio sobre la transición energética. Una batería de leyes, decretos y resoluciones benefician a las empresas, en buena medida multinacionales, que fracturan Vaca Muerta. En las pantallas no se cuestiona si las petroleras viven “cobrando planes” millonarios y sin siquiera la “contraprestación” de no destruir el ambiente. En la ecuación solo entra la ganancia, y lo demás no importa nada. La irracionalidad es tal que hoy se debate una línea directa de gas desde los yacimientos para alimentar la timba financiera de las criptomonedas.
El actual horizonte de precios, la deuda externa y la injerencia del FMI, son el telón de fondo de una nueva ofensiva extractivista. Mientras alienta la cuestionada explotación offshore, el gobierno destina la mayor parte de lo recaudado por el “aporte extraordinario” a las grandes fortunas a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que desbloqueará un nuevo umbral de saqueo, orientado a la exportación. Los paseos por las Conferencias de la ONU sobre Cambio Climático (COP), y las menciones al Acuerdo de París, son puro greenwashing. El latiguillo es “conseguir dólares”, pero jamás se cuestiona si esos dólares se van por la puerta giratoria: las petroleras están entre las mayores fugadoras.
“El fracking ha significado para el pueblo mapuche y toda la población de la región: contaminación, inflación, destrucción, enfermedad y muerte. Sequía, sismos y basureros petroleros es lo que se vive como realidad en los territorios. Mientras unos pocos se benefician la mayoría padece estas consecuencias”. Con esas palabras, semanas atrás las comunidades del Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén recibieron al presidente.
Los territorios se convierten en zonas de sacrificio. Mientras tanto, el “derrame” prometido no llega y sólo hay de los otros… Ninguno de los problemas estructurales se resuelven. Más bien, la pobreza se consolida y la emergencia habitacional se agrava.
Para cuestionar de raíz este saqueo, la industria energética debería pasar a formar parte de una única empresa estatal, con control de sus trabajadores y trabajadoras, comunidades afectadas en cada territorio, pueblos originarios, profesionales de universidades públicas y organizaciones ambientales. Sólo así se podría decidir democráticamente un plan de transición para descarbonizar la matriz energética y superar el desastroso método del fracking, conservando y creando nuevos puestos de trabajo, y decidiendo qué fuentes de generación de energía se utilizarán en cada zona, con qué financiamiento y para qué usos. Una medida de este tipo debería relacionarse con un plan racional que tienda a la planificación de la economía comenzando por sus ramas de mayor consumo energético. No hay más tiempo que perder.
