Como ya hizo en el caso de Facundo Jones Huala, extraditado a Chile, el estado argentino pretende ahora extraditar a Facundo Molares a Colombia, donde se lo acusa de delitos de carácter político.
Facundo Molares, nacido en Argentina, fue militante de las FARC en Colombia. Allí se acogió voluntariamente al “proceso de paz”. Hoy, el estado colombiano pretende juzgarlo nuevamente. Organizaciones políticas y de derechos humanos y personalidades como Nora Cortiñas, entre otras, se manifestaron abiertamente en reclamo de su libertad.
En la Argentina, Facundo se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, desde donde enfrenta el juicio por su extradición, que comenzó el pasado miércoles 20 de abril. El estado argentino pretende extraditarlo y ponerlo en manos de un estado que se ha demostrado como un violador sistemático de los derechos humanos y donde activistas y militantes de causas populares de todo tipo son asesinados y asesinadas de manera constante. Esto quedó en evidencia durante las protestas populares llevadas a cabo por la juventud colombiana durante el año 2020, contra las que se desató una represión atroz, que incluyó la desaparición de muchos de sus participantes, cuyos cuerpos aparecieron posteriormente desmembrados y arrojados en tachos de basura o a los lechos de los ríos, dentro de bolsas de plástico.
De la misma manera, el estado argentino extraditó a Facundo Jones Huala a Chile, donde se lo acusaba, básicamente, de formar parte del movimiento de resistencia mapuche contra las empresas que destruyen el Wallmapu. Jones Huala fue enviado a Chile en el mismo momento en que carabineros se ensañaba contra la juventud que se manifestaba contra el estado, con una represión feroz que dejó decenas de mutilados y muertos, y que sumió a la comunidad mapuche de la Araucanía en una situación de mayor opresión que antes, si es que cabe, con la militarización de su territorio. Proceso que aún no ha sido revertido completamente por el nuevo gobierno de Boric.
El juicio por la extradición de Molares
La defensa de Facundo Molares la asumió la Gremial de Abogados, quienes tiene experiencia y autoridad en la defensa de presos y presas por causas políticas. El miércoles pasado se desarrolló la primera jornada de este proceso, que es descripta por Eduardo Soarez, su abogado, como una jornada difícil, fundamentalmente por la violencia ejercida contra la defensa de parte del tribunal, como así también del Servicio Penitenciario. Para resumir: la defensa de Facundo se vio obligada a comparecer ante el tribunal desde el penal de Ezeiza, donde estuvieron encerrados en una celda sucia y maloliente, sin conexión a internet ni electricidad, ni tan siquiera una mesa donde apoyar sus documentos; y soportando la mala disposición de los agentes penitenciarios que se negaban a permitir el ingreso de las herramientas de trabajo de los abogados, como celulares y computadoras, y que controlaba de manera externa la posibilidad que tenían de habilitar o deshabilitar el micrófono y la cámara a través de la cual se comunicaban con el tribunal.
En estas condiciones, tan solo habiendo resuelto la necesidad de electricidad e internet, se desarrolló la primera jornada, en la que testificó Hugo Molares, padre de Facundo. Así resume Eduardo Soares este testimonio:
“El primer testimonio fue el del padre de Facundo, que fue muy bueno porque empezamos a acreditar nosotros el aspecto principal de nuestra tesis para tratar de sacarlo a Facundo. Nosotros planteamos dos cosas: la incompetencia de la justicia ordinaria colombiana, decimos que no hay competencia porque hubo una guerra hace 50 años, terminó la guerra y como consecuencia de la guerra se armó una Justicia Especial para la Paz (JEP), que es la única que tiene competencia sobre los hechos de la guerra, ninguna otra. Y ahora el testimonio del padre de Facundo da cuenta de eso. Porque el estado colombiano dice que Facundo nunca estuvo a disposición de la JEP, que nunca se sometió al proceso de paz. Y el testimonio del padre de Facundo explica claramente que Facundo estuvo durante año o año y medio en una especie de campo de concentración, voluntariamente, él y decenas de miles de compañeros de él, todos guerrilleros de las FARC, que se sometieron voluntariamente al proceso de paz. En un campo que estaba resguardado por las Naciones Unidas. Así que el primer punto, el que más nos interesaba a nosotros probar, ya en principio está probado”.
En instancias subsiguientes, la defensa confía en seguir aportando testimonios que apuntalen los argumentos por los cuales la extradición de Facundo Molares no debería tener lugar. Dice, desde La Gremial de Abogados:
“Confiamos mucho en los demás testigos que tenemos, algunos colombianos, otros argentinos, para poder probar dos cuestiones muy importantes: la primera es que, como dije, la justicia ordinaria colombiana no es la que tiene que juzgar a Facundo. Y en segundo lugar, que se trata de delitos políticos. Lo delitos que se le atribuyen a Facundo, que Facundo no reconoce y no tiene porqué, son delitos políticos y están excluidos por las leyes argentinas y por todos los tratados, de ser sometidos a extradición. Eso sumado a otras cuestiones secundarias que ya las planteó el papá de Facundo, como por ejemplo la pena de muerte en el país requerido, que es una de las excepciones: no se puede mandar a alguien si en el país que lo requiere hay pena de muerte, si esta persona puede correr riesgo de muerte. No hay pena de muerte en la constitución ni en las leyes penales colombianas, pero hay una pena de muerte encubierta”.
La Gremial de Abogados tiene confianza en la capacidad de probar estos puntos, aunque saben bien que la pelea judicial se dirimirá, a fin de cuentas, mediante pujas de poder que son políticas. Por ello es fundamental, más allá del trabajo judicial, la movilización y la solidaridad expresada por decenas de personalidades y organizaciones para con Facundo Molares, reclamando la no extradición y su libertad inmediata.
