Artículo publicado en ANRed
Desconociendo una medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región, una avioneta de la Cabaña Don Panos de la empresa Unitec Agro fumigó con agrotóxicos sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, al este de la provincia de Chaco. Días después, 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas con cuadros de intoxicación, vómitos, diarrea y deshidratación. Vecinos y vecinas aseguran que las fumigaciones también secaron las huertas familiares, los árboles y los mini emprendimientos de zapallos, sandías, maíz y tabaco. «Es un hecho más de los que durante años ha cometido esta empresa. Debe hacerse un control y seguimiento epidemiológico de las personas afectadas», sostuvo en diálogo con ANRed Alejandra Gómez, integrante del equipo de coordinación de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo de Chaco. En tanto, la antropóloga Malena Castilla destacó: «gran parte es población rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios indígenas ancestrales y de pequeños productores del Chaco». Por ANRed.
El medio local InfoQom detalló que las tres grandes fumigaciones las realizaron avionetas de la Cabaña Don Panos los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de octubre sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, ubicadas en el departamento de Libertador General San Martín, al este de la provincia de Chaco, dado que los campos fumigados de la cabaña se encuentra en el límite entre ambas localidades.
Y al poco tiempo, comenzaron los síntomas: «el domingo, después del mediodía, empezaron manifestarse muchos niños con diarrea y vómitos. El lunes se veía cola de más de 50 personas en el hospital por la mañana y la tarde. El viernes 29 de octubre, siendo las 20, había niños y adultos internados en el hospital rural de Presidencia Roca con los mismos síntomas: vómitos, diarreas y deshidratación. Se estima que durante esa semana se atendieron alrededor de 700 personas», informó el medio.
«En mi caso particular, siempre tomo tereré frente a mi negocio y empezaban a caer las hojas de los árboles adentro de la jarra. Lo que no sabía es que las hojas estaban envenenadas», contaba uno de los vecinos fumigados, cuyos testimonios fueron difundidos por InfoQom. En tanto, otra persona afectada relataba: «mi hijo y yo estamos con diarrea y vómito y mucho dolor de panza. El agua de SAMEEEP muy probablemente está contaminada. La gente sin saber consume el agua», contó en referencia al servicio de agua brindado por el Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP). También se cita el testimonio de otro vecino: «como gente de campo para curarnos muchas veces nos preparamos te de hierbas y no nos dábamos cuenta que estamos todos envenenados”.
Además, el medio señaló también sobre la fumigación: «secó todo tipo de huertas familiares y mini emprendimientos de zapallos, sandías, maíz y tabaco. Los árboles adentro del pueblo se están quedando sin hojas y se están secando, otros están entristecidos y los más resistentes tienen las hojas quemadas. Pero se ve recién ahora, pasado los siete días».
De esta manera, la empresa Unitec Agro, que presidió Eduardo Eurnekián hasta 2020, violó (nuevamente, porque ya lo había hecho en 2018) la cautelar dictada en 2012 en la provincia, que limita la pulverización con agrotóxicos en ese establecimiento. «Hoy se cree que está alquilada por la empresa MAFRA», amplía InfoQom, y agrega: «la estancia Don Panos es utilizada por el actual gobernador Jorge Capitanich para hacer «base» en plena campaña proselitista. Allí incluso realiza algunas reuniones con su círculo íntimo o con otros dirigentes políticos».
«Es un hecho más de los que durante años ha cometido esta empresa: se debe hacer un control y seguimiento epidemiológico de las personas afectadas»
Desde ANRed consultamos por la situación a Alejandra Gómez, integrante del equipo de coordinación de la Red De Salud Popular Dr. Ramón Carrillo de Chaco, que se encarga de realizar charlas sobre atención primaria de la salud, atención primaria ambiental y en los territorios acompañar los procesos de denuncia colectivas por contaminación – principalmente, por agrotóxicos -, de las comunidades qom Campo Medina y Campo Nuevo de Pampa del Indio.
Gómez remarca que el conflicto por contaminación entre las poblaciones de la zona y la empresa viene de hace tiempo: «las primeras denuncias que se conocen en forma escrita contra el establecimiento Don Panos, que pertenecería a las firmas Unitec Agro y Unitec Bio, son las realizadas por las comunidades en los años 2010 y 2011. Hubo algunas denuncias anteriores, pero de forma individual o de familias, de estas comunidades y de Pampa Chica. En el año 2012 se dicta una medida cautelar, porque la denuncia se presentó vía la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, restringiendo las fumigaciones en el límite con las comunidades de Campo Nuevo y Campo Medina por una distancia de 600 metros en una extensión de 2 mil metros del límite del establecimiento Don Panos con estas comunidades. Después de la cautelar, a instancias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y Nación, se convoca a una asamblea a la que invitaron al gerente de la empresa Don Panos y las comunidades, donde se propuso la firma de un acuerdo. Las comunidades se negaron. En tanto, el gerente de la empresa sí firmó un compromiso ante las autoridades de extender la distancia de no fumigación que había fijado el fiscal, y evitar que la deriva llegue a las comunidades. Lamentablemente, a los tres o cuatro meses de la firma de este compromiso, volvieron a fumigar en noviembre de 2012. Se hizo la denuncia e intervino la Subsecretaría de Ambiente. Y luego se comenzó un proceso de recomposición de los sistemas productivos dañados. Hubo alguna fumigación en esta zona violando el compromiso, a la cautelar y la Ley de Biocidas, pero fueron fumigaciones esporádicas entre 2013 a 2018. En diciembre de 2018 se produce una nueva fumigación que afecta a las comunidades y desde allí, recién a partir de febrero de este año, observamos que empezaron a fumigar nuevamente esta zona con más intensidad y sin respetar para nada ninguna de las medidas», relata.
En la misma línea, Gómez agrega sobre la última fumigación: «en el caso que ahora se conoce, las fumigaciones afectaron a Presidencia Roca y los cultivos de los pequeños productores de esta localidad. Se conoce por la masividad de afectaciones, y porque se producen los daños en la zona periurbana y urbana de Roca. Es un hecho más de los que durante años ha cometido esta empresa. Trasciende por la masividad de las personas afectadas tanto en la salud como en sus chacras. Actúa nuevamente la Subsecretaría de Ambiente de Chaco. Deberíamos ver cuál es el rol del municipio local, porque es la primer autoridad constituida constitucionalmente, que debería resguardar los derechos al ambiente y a la salud de quienes viven allí». Asimismo, agrega con respecto al relevamiento de las personas afectadas: «esperamos también que además de los relevamientos a los daños a los cultivos que se informaron que se están haciendo, se realicen los controles del estado de salud de la población, pero no al momento, porque sabemos que los agrotóxicos producen consecuencias en la salud que se manifiestan también a mediano y largo plazo. Entonces, se debe hacer un control y seguimiento epidemiológico de las personas afectadas. Hasta la fecha, la cantidad que ha trascendido es de los informes extraoficiales – porque no hay ningún informe oficial del Ministerio de Salud Pública -, que da cuenta de personas que asistieron al hospital de Presidencia Roca. Por otra parte, muchas personas que pueden ser afectadas, no necesariamente van hasta el centro asistencial. Los controles deben hacerse en el territorio y planificarse para poder relevar la mayor cantidad de datos posibles», señala.
«Son poblaciones que están completamente vulneradas a las que el agronegocio impacta diariamente en su vida»
En tanto, también consultada por ANRed, la antropóloga chaqueña Malena Castilla, amplía sobre la empresa fumigadora serial: «la empresa Unitec Agro está radicada en la zona desde los 90′ y a partir de 2010 comenzó un proceso de denuncias, sobre todo encabezados por la familia Peñaloza, que está al lado de Don Panos, donde se denunciaron las fumigaciones aéreas, y junto con estas denuncias, el Hospital de Pampa del Indio denunció una gran cantidad de casos de abortos espontáneos y enfermedades respiratorias. Habitantes de la localidad decían también que había muchos niños con manchas en la piel y erupciones producto de las fumigaciones. También más adelante se organizó un estudio del agua a cargo de un equipo de extensión de Ciencias Exactas, que detectaron presencia de glifosato en canillas comunitarias, en agua de algunas salas de salud, aljibes y pozos cisterna, con lo cual las fumigaciones alcanzaron al agua que consume esta población. La Ley de Biocidas de Chaco establece que las fumigaciones aéreas deben ser a 1500 metros, cuando hay población cercana, y a 500 metros por vía terrestre. Esto se fue violando sistemáticamente. Desde el 2002 hasta la actualidad se violaron. En el último periodo, se realizaron una serie de fumigaciones que fueron cada vez más brutales, que da como consecuencia el escenario que ahora se está visibilizando», destacó.
Castilla también destacó, como parte de esta problemática, la composición de la población afectada de la región: «gran parte de su población es población rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios indígenas ancestrales y de pequeños productores del Chaco. Pero también cerca del 50 por ciento de la población de estas localidades es perteneciente a algún pueblo indígena. En este caso, en Pampa del Indio, es el Pueblo Qom. Y tiene otra particularidad, que es que cerca del 50 por ciento de la población de esta zona está por debajo de la línea de pobreza, con lo cual no llegan a cubrir sus necesidades básica, entre ellas, la del agua. Y acá aparece otra problemática, que es que a pesar de estar rodeados de ríos importantes de gran caudal, como el Río Bermejo y el Río Guaycurú, gran parte de la población no tiene acceso al agua porque, justamente, estos ríos están rodeados de campos privados a manos del agronegocio, sobre todo en estos períodos de grandes sequías y crisis hídrica. El agua a la que acceden es a agua que almacenan en aljibes y cisternas que está contaminada producto de las fumigaciones».
Asimismo, pone énfasis en que «estas fumigaciones también afectaron la producción familiar de huertas y animales domésticos, con lo cual la subsistencia de esas poblaciones se ve completamente en peligro, no sólo por el impacto que tienen en su salud estos agrotóxicos, sino también por los alimentos que producen y el agua que consumen», sostiene. Por todo lo señalado, considera que «son poblaciones que están completamente vulneradas por lo mencionado, porque el agronegocio impacta diariamente en su vida. Fundamentalmente, por esta cuestión hídrica y la disputa territorial, el agronegocio va acaparando los territorios indígenas y de los pequeños productores de manera contante a lo largo de los años, expulsándolos y obligándolos a migrar a otras zonas en condiciones de vulnerabilidad como son las grandes ciudades, entre ellas, la ciudad de Resistencia, donde se asientan en lugares con grandes necesidades».
Finalmente, la antropóloga también destaca que «los empresarios del agro están radicados y están con la connivencia de organismos del Estado, que acompañan este tipo de prácticas o hacen la vista gorda ante este tipo de violación de las restricciones». Además, recuerda que «en los últimos años esta zona ha recibido un financiamiento muy importante del Banco Mundial, ejecutado por el gobierno provincial, y nacional, con el que ha pavimentado la Ruta Provincial 3, que es por las que se accede a estas localidades. y también se pavimentó la que va desde la Ruta 3 hasta la puerta del establecimiento de Don Panos, justamente para aumentar la productividad y comercialización de esta empresa. También hicieron obras hídricas, entre ellas, acueductos que no alcanzan a la población indígena de la zona, porque no están contempladas en base a las necesidades de la población de esta zona, pero que, según lo que dicen integrantes de las comunidades, sí alcanza a los empresarios del agro». Por todo ello, considera que «se trata de políticas orientadas a satisfacer a un sector en detrimento de otro».
