Nuevamente la represión estatal contra el pueblo que se organiza y lucha por sus derechos, toma forma de persecusión judicial. Compartimos el comunicado de la APDH Esquel – Trevelin sobre la acusación a ocho ciudadanos chubutenses por participar en las movilizaciones de 2021 conocidas como el Chubutazo, en defensa del agua y contra un nuevo intento del gobierno provincial de imponer la megaminería en la provincia. Este proceso judicial, que sometió a los acusados a una verdadera tortura psicológica, terminó en el trágico suicidio de uno de los jóvenes acusados; al mismo tiempo que en la condena de seis de los ocho acusados.

Es todo un clásico de la política argentina: cuando se acerca una contienda electoral y si la situación económica es mala para la inmensa mayoría, y casi siempre lo es, se empieza a establecer un escenario de inseguridad desbordada y, ligado a esto, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Alberto Sarlo, además de ser abogado, es educador popular y desde años trabaja en la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela. Es, además, una voz más que autorizada para mostrarnos el lado B de este armado y pintarnos la realidad de esos, como él mismo llama, “territorios abandonados”.