Dos semanas atrás la vicepresidenta Cristina Fernández habilitó la ofensiva judicial y política contra las organizaciones sociales y territoriales. El PRO y la oposición derechista dijeron presente y se sumaron a la arremetida. En paralelo, los movimientos sociales, que sufrieron más de 40 allanamientos en las últimas horas, resisten la embestida y avanzan en un posible escenario unitario que congregue tanto a oficialistas como opositores.