Apoyando y participando de cada una de las acciones que se desarrollan en el país bajo la consigna de ¡Ley de Humedales Ya! (quizás las de La zona del Paraná sean las más visibilizadas y potentes), no podemos menos que aportar al debate estas reflexiones:
Por Luis Cuello
Corrección y edición: Elizabeth Moretti
Hace años fue presentado al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Humedales, consensuado entre 380 organizaciones ambientales, científicas, asambleas vecinales, etc. Como dicen éstas, “es un proyecto consensuado a través de un proceso abierto, transparente, colectivo, interinstitucional y multisectorial promovido por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados en 2020.” El resultado de esta iniciativa fue cajoneado y ninguneado en el Congreso Nacional por la decisión de la inmensa mayoría de los bloques, cediendo a los lobbies empresariales.
Pero esto no es nuevo ni privativo de la Ley de Humedales; sin ir tan lejos, en la provincia de Santa Fe la legislatura hace años que no trata una ley para limitar las fumigaciones impulsada por el colectivo Paren de Fumigarnos; y otro tanto sucede con la Iniciativa Popular presentada cada año en Chubut, con la intención de ampliar la protección del territorio contra las ambiciones de explotación megaminera. Más bien, la práctica sistemática de ignorar las iniciativas colectivas en defensa de la naturaleza y la vida, parece ser la norma antes que una desafortunada excepción.
Volviendo a los humedales, hoy el gobierno del Frente de Todos, a través de su Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (el mismo que observa impávido las quemas en el Delta del Paraná), presentó un proyecto propio, que toma de base el proyecto consensuado, pero elimina o modifica decenas de artículos fundamentales a la hora de definir qué es un humedal, qué actividades pueden y cuáles no, realizarse en ellos; cómo protegerlos, reparar los daños causados y qué herramientas de participación colectiva se establecen para que todo esto se cumpla con el control de la comunidad organizada, entre otras cosas. Es decir, que pasa a ser un proyecto vaciado absolutamente del espíritu conservacionista que sí tiene el proyecto consensuado. Nos preguntamos si esta actitud no significa una luz verde a los intereses económicos para seguir destruyendo todo al servicio de sus negocios.
Pero hay más, hay leyes preexistentes que se vienen violando de manera alevosa por obra y gracia de los “señores del fuego”. Entre ellas la ley de manejo del fuego (Ley 26.815), que establece claramente la prohibición de: “Realizar modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían antes del incendio. Dividir o subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta en tierras particulares. La división y subdivisión está permitida en caso de partición hereditaria. Vender, dar en concesión, dividir, subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, en tierras fiscales. Realizar cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenia al momento del incendio.” Si hoy vemos emprendimientos agropecuarios brotar como hongos después de la tormenta en tierras fiscales que vienen siendo quemadas desde hace años, obviamente ninguna institución del estado actuó para aplicar estas prohibiciones. ¿Casualidad?, ¿simple inoperancia? Nos permitimos dudarlo.
Pero una vez más, hay que decir que esto no es nuevo ni exclusivo de la destrucción de humedales. Cosa semejante sucede con la Ley de Glaciares (en su momento vetada por CFK), que no se aplica ni siquiera en su primera intención: completar un registro de glaciares y periglaciares, como primera medida para protegerlos. La Ley de Bosques tampoco tiene mayor suerte y prueba de esto es la forma brutal en que se están destruyendo los últimos bosques nativos en la provincia de Chaco, con la complicidad del gobernador peronista Jorge Capitanich; o los mega emprendimientos inmobiliarios que surgen después del fuego en las sierras cordobesas, hoy nuevamente en llamas.
Si todas estas normas existen, algunas incluso con textos que en su momento se han mostrado como modelo de proteccionismo a nivel internacional (aunque muchas veces modificadas y vaciadas en su reglamentación), y NO SE CUMPLEN, ¿por qué deberíamos tener la esperanza de que no pasará otro tanto con la Ley de Humedales, en caso de aprobarse? Esto teniendo en cuenta, también, la “deriva” en el tiempo que ésta tendría: Primero la posible sanción de una versión light. Segundo, su reglamentación, lo cual significará en caso de hacerse (hay innumerables leyes que no son reglamentadas) la intencionalidad política de aplicación. Después deberá nombrarse y conformarse un órgano de control y aplicación, al que es necesario asignar un presupuesto para que pueda funcionar.
Como se ve, son innumerables las oportunidades que tiene el estado extractivista de trabar su funcionamiento y hacer que esta norma quede como letra muerta, incluso sin pensar en que se atreva a vetarla lisa y llanamente.
Mientras tanto, sabemos que los tiempos legislativos rara vez coinciden con las urgencias de la realidad, el fuego sigue destruyendo todo a su paso. Por lo que nos vemos ante la posibilidad de que, una vez en condiciones de ser aplicada, y como las leyes que no tiene carácter retroactivo, nos encontremos con humedales devastados y consecuencias irreversibles. Recordemos, por ejemplo, que la Ley de Etiquetado Frontal, tan militada por muchos sectores y tan resistida por los empresarios de la alimentación, fue aprobada en octubre de 2021 y reglamentada en marzo de 2022, y hasta el día de hoy, no tenemos noticia de su aplicación.
Como última reflexión, nos preguntamos si es posible pensar que el mismo estado responsables de este ecocidio y de las políticas extractivistas al servicio de las grandes patronales y el FMI, sea quien vaya a aplicar una ley para proteger aquello que, a todas luces, quieren destruir y contra la cual han batallado de todas las formas imaginables. Sobran razones para suponer que no.
Esto refuerza aun más la necesidad de la organización y la movilización para imponer en cada caso la defensa de los Humedales, mediante la fuerza de las comunidades y los territorios coordinados democráticamente.
